Las regiones y la base social étnica del país reclaman para sí mayor representación política, el problema es que lo que unos ganan deben perderlo otros.
Hasta el presente se conocen tres proyectos de ley para tratar de enfrentar con éxito la recomposición del poder político a través de elecciones, en lo que parece será el más turbulento año de los últimos tiempos. Cada evento electoral se convertirá en una durísima competencia electoral por el poder, donde los medios de comunicación escritos y audiovisuales tendrán un gran protagonismo, así como las campañas negativas o sucias que privilegiarán las organizaciones políticas.
El primer insumo, por orden de aparición en la escena pública, es el "Proyecto de Ley Transitoria del Régimen Electoral", elaborado por el Poder Ejecutivo; el segundo es el "Proyecto de Ley del Nuevo Régimen Electoral", presentado por la agrupación política Podemos. Finalmente, la Corte Nacional Electoral ha entregado al Congreso de la República una propuesta de reforma y ajuste del régimen electoral todavía vigente (Ley Nº 1984 de 25 de junio de 1999, texto reordenado del Código Electoral).
Las tres propuestas difieren sustancialmente entre ellas, en cuanto al propósito y objeto de la norma electoral, el contenido y la forma de presentar los proyectos. Se conocen anuncios de organizaciones vinculadas con sindicatos campesinos y pueblos originarios en sentido de querer presentar al Congreso propuestas propias que mejoren sustancialmente la participación indígena, tanto en la ley como en la futura Asamblea Legislativa Plurinacional.
El proyecto electoral del Gobierno está conformado por 49 artículos y dos disposiciones transitorias, congela la representación política departamental y asigna tan sólo 15 escaños para las circunscripciones especiales indígenas. En cuanto al propósito y objeto de la norma, el proyecto gubernamental sostiene: "Regula el procedimiento, desarrollo, vigilancia y control del proceso electoral para la constitución del Órgano Legislativo Plurinacional, elección de la Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente y autoridades departamentales y municipales, en las elecciones del 6 de diciembre de 2009 y en las del 4 de abril de 2010; asimismo regula el procedimiento de consulta popular a través de referéndum sobre lo establecido en el artículo 274 de la Constitución Política del Estado."
Congelar los escaños departamentales en la cantidad que desde 2005 tienen asignados todos los departamentos de la República, así como disponer y asignar solamente 15 escaños para los cientos de pueblos indígena originario campesinos dispersos en el territorio, traerán consigo, antes de la realización de las tres elecciones anunciadas, severas perturbaciones sociales. El fantasma de la crisis política vivida durante ese tiempo (2005) que trajo consigo renuncias forzadas a la Presidencia de la República, acortamiento del mandato del Congreso 2002-2007 y elecciones anticipadas podrían repetirse con los elementos de violencia, marchas, bloqueos y parálisis del Estado ya conocidos.
Las regiones y la base social étnica del país reclaman para sí mayor representación política, el problema es que lo que unos ganan deben perderlo otros. La nueva CPE ratificó equivocadamente que el número de miembros de la Cámara de Diputados es de 130. Por tanto, la querella por nuevos escaños para algunos departamentos o grupos está en mesa.
* Politólogo y catedrático
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