La comunidad internacional, a por el presidente sudanés

   En la primera orden de arresto emitida contra un jefe de Estado en el poder, la Sala I de Vista Previa del TPI afirma que Al Bashir es "sospechoso de ser criminalmente responsable, como coautor indirecto, de dirigir intencionadamente ataques contra una parte importante de la población civil de Darfur". En concreto, el TPI habla de "asesinato, exterminio, violación, torturas y traslado forzoso de grandes cantidades de civiles, además del saqueo de sus propiedades".

   Estos delitos fueron cometidos, según los magistrados del TPI, "durante una campaña de cinco años contra la insurgencia llevada a cabo por el Gobierno de Sudán contra el Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán (SLM/A), Movimiento Justicia e Igualdad (JEM) y otros grupos armados contrarios al Gobierno de Sudán en Darfur", explicó la portavoz del tribunal, Laurence Blairon.

   Esta campaña, añadió, comenzó poco después del ataque de abril de 2003 contra el aeropuerto de El Fasher, capital de Darfur Norte, "como resultado de un plan acordado al más alto nivel del Gobierno de Sudán por Al Bashir y otros altos cargos políticos y militares sudaneses". Esta campaña, según el TPI, duró al menos hasta el pasado 14 de julio, cuando el fiscal jefe del tribunal, Luis Moreno Ocampo, solicitó que se emitiera una orden de arresto contra el presidente sudanés.

   La Sala del TPI considera que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente sudanés "es sospechoso de haber coordinado el diseño y la ejecución de la campaña contra la insurgencia". Además, existen "bases razonables para creer que controlaba todos los brazos del 'aparato' del Estado y utilizó dicho control para garantizar" que la campaña se pusiera en práctica.

   Los encargados de llevar a cabo la campaña, según el tribunal, fueron las Fuerzas Armadas y las milicias aliadas 'janjaweed', así como la Policía, el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional y la Comisión de Ayuda Humanitaria, y entre sus víctimas, particularmente, además de los milicianos figuraron los habitantes de los grupos 'fur', 'masalit' y 'zaghawa', considerados como próximos a los grupos contrarios a Jartum.

   Por todo ello, y puesto que el hecho de que sea "un jefe de Estado no excluye su responsabilidad criminal, ni le garantiza inmunidad ante el TPI", la Sala I decidió la emisión de una orden de arresto por un total de siete cargos, cinco por crímenes contra la Humanidad (asesinato, exterminio, traslado forzoso, tortura y violación) y dos por crímenes de guerra por dirigir intencionadamente ataques contra población civil o civiles que no participaban directamente en las hostilidades, y por saqueo.



Genocidio

   Por otra parte, y en contra de lo recomendado por Moreno Ocampo, finalmente no se incluyeron cargos por genocidio en la orden de arresto. Dos de los tres magistrados de la Sala consideraron que el material aportado por la Fiscalía para respaldar este delito no ofrecía "bases razonables para creer que el Gobierno de Sudán actuó con intención de destruir en total o en parte, a los grupos 'fur', 'masalit' y 'zaghawa'".

   Por ello, explicó la portavoz, "el delito de genocidio no se ha incluido en la orden de arresto", aunque los jueces advirtieron de que si el fiscal consigue "pruebas adicionales" entonces se podría enmendar la orden de arresto para incluir también este cargo en el futuro.

   Ahora, una vez tomada la esperada decisión, la secretaria del TPI, Silvana Arbia, deberá enviar lo antes posible "una solicitud de cooperación para el arresto y entrega de Al Bashir" tanto a Sudán como al resto de países firmantes del Estatuto de Roma -que crea el TPI- y a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que no sean parte de dicho Estatuto -China, Estados Unidos y Rusia, entre otros países, no lo han ratificado-, así como a otros países que se considere necesario.

   Los magistrados recordaron que en virtud de la Carta de Naciones Unidas el Gobierno sudanés está obligado a "cooperar plenamente" con el TPI, tras subrayar la falta de cooperación hasta ahora demostrada por Jartum desde que se emitieron órdenes de arresto contra el ministro sudanés de Asuntos Humanitarios, Ahmad Harun, y el líder de la milicia de los 'janjaweed', Ali Kushayb, en mayo de 2007. En este sentido, advirtieron de que si esta actitud persiste el TPI podría optar por "remitir la cuestión (...) al Consejo de Seguridad" de la ONU.