España va camino de sumarse a otros países europeos, entre ellos Francia y Alemania, donde el derecho al aborto se regula a través de una ley de plazos. De hecho, el informe de los expertos que orientan al Gobierno de Zapatero promueve una ley que deja en exclusiva a la mujer la decisión de interrumpir el embarazo durante las 14 primeras semanas de gestación, extensible a 22 en los casos que entrañen grave riesgo para la madre o cuando se detecten graves anomalías en el feto. Se trata de una materia tan sensible que el consenso es poco menos que imposible, entre otras razones porque hay grupos y personas contrarias a cualquier tipo de regulación y, sobre todo, porque hay quienes mezclan sus convicciones personales con la moral colectiva.
Lo que sí está claro es que la ley aprobada en 1985 no garantiza la libertad de las mujeres ni la plena seguridad jurídica de los médicos, al tiempo que ha puesto en cuestión el control de los tres supuestos que permiten abortar actualmente: uno, evitar un grave peligro para la salud física o psíquica de la embarazada; dos, haberse gestado el embarazo como consecuencia de una violación, siempre que el aborto se practique dentro de las primeras 12 semanas de gestación y que haya denuncia, y tres, que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las 22 primeras semanas de gestación.
Ahora está en juego la nueva regulación de supuestos en los que se podrá abortar en España y también algo de lo que se habla menos pero no por ello irrelevante: las garantías legales tanto para las mujeres como para los médicos, que a veces se ven envueltos en problemas que parecen dilemas. Llegan, pues, tiempos de debate sobre asuntos sanitarios pero también políticos y morales, cuyas decisiones finales, sean las que sean, deberán ir acompañadas de información y divulgación de los métodos anticonceptivos para contener los embarazos no deseados y evitar los casos de aborto entre las adolescentes.
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