La comisión de los espías se cierra bajo la amenaza de la oposición de ir a los tribunales

La presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez, propuso este martes cuando la junta de portavoces se estaba levantando que el dictamen final de la comisión de investigación sea sometido a votación del pleno el próximo 18 de marzo. Este mecanismo "automático" para el PP, dado que el pleno de la semana que viene es el último del mes, supone en la práctica que no haya tiempo para llamar a más comparecientes -deben ser avisados con 72 horas previa reunión de la mesa de la comisión- y que se decretre en la práctica el fin de este órgano, que se creó el 6 de febrero pero arrancó 15 días después y sólo habrá llevado a cabo cuatro días de investigaciones a pesar de que estaba autorizada hasta el día 31.

El PP justificó de nuevo este martes que la publicación por el diario El Mundo de que de nueve de los partes de seguimiento publicados por El País "tres son falsos, tres contienen datos erróneos y tres son irrelevantes" a juicio del periódico hace que la comisión se quede sin objeto ni razón de ser. Por tanto, "si los partes son falsos ya no ha habido espionaje y no ha habido espiados", según David Pérez, lo que hace irrelevantes los datos que pudieran aportar los 19 comparecientes calificados que finalmente no acudirán a la Asamblea. Este argumento sirve también al PP de Madrid para pedir al PP nacional que cierre definitivamente la investigación interna que aplazó al abrirse la de la Asamblea: "La demostración es tan clara y tan meridiana que nadie plantearía ninguna investigación, porque ya se ha producido aquí con luz y taquígrafos". Mariano Rajoy no ha recogido de momento ese guante, pero el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, le ha demandado que intervenga para evitar la actuación de Esperanza Aguirre "en aras a la salud democrática de la Comunidad Autónónoma".

Las dudas y los ausentes
Entre las 19 personas calificadas pero que no se someterán al examen de la comisión están los supuestamente espiados Ignacio González (de quien la Comunidad sí cree que, como también publicó El País, ha sido espiado), Alfredo Prada, Manuel Cobo, Ildefonso de Miguel o del alcalde de Madrid, un Alberto Ruiz Gallardón que ha asegurado estar dispuesto a comparecer por las vigilancias a su vicealcalde. Tampoco se examinará la numerosa documentación que sí pasó el filtro de la mesa y que se había solicitado la oposición.

Sí han declarado en cambio diez personalidades entre las que se encuentran varios ex consejeros regionales con competencias en materia de seguridad como el socialista Virgilio Cano o el 'gallardonista' Pedro Calvo y técnicos o asesores de Seguridad de la Consejería de Presidencia e Interior. Todos negaron que hayan existido espionajes durante sus gobiernos, pero queda sobre la mesa la duda no aclarada sobre si antes y ahora se han hecho tareas de contravigilancia y avanzadas que no están en las competencias de la Comunidad de Madrid. Además, se quedarán en el aire revelaciones como que en el Campus de la Justicia faltan no uno sino tres ordenadores más dos que se llevó Prada o que las agendas de los altos cargos, según el subdirector de Seguridad Miguel Castaño, estén "tiradas en los coches" y en las dependencias regionales al alcance de cualquiera.

Con sus testimonios se elaborará el dictamen de conclusiones que el PP sacará sin problemas adelante también en el Pleno de la Cámara aunque con el voto particular de denuncia de PSOE e IU, que se declaran hartos del fondo y las formas de Aguirre: "No puede manejar el parlamento de todos los madrileños como si fuera su cortijo. Ni si quiera respeta ya las formas, cierra la comisión sin haber reunido a la mesa y portavoces y somete a debate el dictamen en la víspera del puente de San José creyendo que va a apsar desapercibido. Es una falta de respeto a los madrileños".

PSOE e IU anuncian medidas inmediatas
Tras conocer esta decisión, lo que era temor este lunes se convirtió en absoluta indignación para la oposición por la actitud "antidemocrática" y "oscurantista" del PP. Maru Menéndez aseguró al concluir la Junta de Portavoces que "si nos faltaba alguna duda ya no hay ninguna sobre la responsabilidad de Esperanza Aguirre en la red de espionaje; ella y el PP van a a ser responsables de no dar explicaciones oportunas. La única conclusión es que tienen mucho que ocultar".

Inés Sabanés, portavoz de IU, anunció que en este "bochorno", "atropello" y "excepcionalidad democrática" supone "el principio del fin de Aguirre". "Ha ido tan lejos en su afán de amordazar que es el fin de un tiempo de impunidad y de descontrol que tendrá sin duda sus consecuencias", denunció. Sabanés añadió que aunque la presidenta de la Comunidad "se cree que ha decretado el cierre esto no es así", porque si la comisión concluye sus trabajos vendrán detrás no solo las peticiones de comparecencias en el Pleno o las comisión de la Asamblea de Madrid, sino incluso en los tribunales, a los que ni la coalición ni el PSOE descartan recurrir. Sabanés demandó a Génova que "ni Mariano Rajoy ni María Dolores de Cospedal avalen el golpe de mano que Aguirre ha inflingido a este Parlamento, que no avalen la barbaridad y que haya una reacción del PP en linea declaraciones iniciales y que le den la voz a las víctimas del partido Manuel Cobo, Alfredo Prada y Alberto Ruiz-Gallardón- que Aguirre les ha negado aquí".

David Pérez, portavoz del PP, descalificó la comparencencia conjunta de las portavoz de la oposición, que justificó en "su frustración por no haber podido demostrar nada". A pesar de ser preguntado reiteradamente, no avanzó si la comisión permitirá más comparecencias y calificó las insinuaciones de cierre de "información inexacta". Pérez se mantuvo en el discurso oficial asegurando que todas las acusaciones "han sido desmontadas" y los partes que las motivaron "eran más falsos que el paraíso comunista". "¿Quién va a restituir ahora el buen nombre de la Comunidad de Madrid?", concluyó señalando que lo que hay que investigar en este momento es quién urdió la trama para atacar al Gobierno de Esperanza Aguirre.