Inocentes destrozados

Hay como un complot jurídico-mediático  para cargarse la presunción de inocencia de las personas. Quizás no pase de una nefasta coincidencia. Pero la impresión, tanto en el caso de algunos jueces como en el de no pocos medios de comunicación, es de un uso y abuso, más o menos conciente o inconsciente, de sus instrumentos de poder e influencia que atenta a lo esencial de la dignidad de las personas: la presunción de su inocencia. Y esto no solo hay que denunciarlo, sino erradicarlo.

Constituye, con frecuencia, una manipulación  de simples apariencias, de indicios no siempre racionales, de sospechas sin demasiado fundamento, cuando no de rumores frívolamente o interesadamente  difundidos o publicados, que manchan la honorabilidad de ciudadanos que, ante estas prácticas judiciales o mediáticas quedan prácticamente  indefensos. Y en el caso de que, por vías de sentencia o de rectificación, quede acreditada su inocencia,  siempre llevarán sobre sus espaldas la sombra de la sospecha.

Son, en todo caso, vidas injustamente marcadas. Muchas veces, con pérdidas de cargos, públicos o privados, y con dificultades para rehacer su vida profesional, laboral o familiar, sin que nadie les resarza o compense por el daño, moral y material, que se les ha infringido. Son inocentes destrozados.

Un error o una ligereza judicial  pueden llevar, y de hecho llevan, a estas lamentables situaciones. Una precipitación, frivolidad o espúreo interés informativos producen, casi diariamente, víctimas de este tipo. Eminentes juristas y periodistas, así como sus colegios profesionales, han llamado la atención sobre estos hechos. Pero siguen sucediendo con la mayor impunidad. ¿Qué hacer?

Estos comportamientos, no solamente  deben ser rechazados y denunciados públicamente, sino que es urgente su tipificación suficiente y práctica como delito, perseguible de oficio y a instancia de parte. No solo porque infringen la presunción de inocencia de las personas, que es un derecho fundamental, sino porque, además, socavan la esencia del sistema democrático. Ni la judicatura ni los medios de comunicación deben salir indemnes si incurren en estas prácticas.

Nadie tiene derecho a destrozar personas inocentes, ni a echar lodo sobre  la convivencia ciudadana.   


*Wifredo Espina. Comentarista político y exdirector del Centre d’Investigació de la Comunicació