Dueños de Hato Caroní se defienden

“Tenemos todos los documentos registrados y lo más importante para desmentir lo señalado por el ministro Jaua es que el Instituto Agrario Nacional en 1996 entregó un título a los actuales propietarios, eso es lo que comporta la tradición”.

Señaló que el INTI procede ilegalmente al realizar una acción interventora en el predio rural cuya legalidad es absolutamente clara desde 1996 y además este goza “de un amparo constitucional”.

Explicó el jurista que es ilegal la acción interventora del INTI, pues “esa unidad de producción goza además, de protección agroalimentaria, porque así como el informe que realizara el INTI en el año 2006 y 2008 en donde se indica que es una unidad agropecuaria que cumple con todos los requisitos de ocupación y de producción, el tribunal que otorgó la medida también realizó un informe técnico así como una inspección en los predios de la finca a objeto de determinar y constatar que eso es así. En razón de esto se produjo esa medida agroalimentaria que es como un amparo constitucional”. 

“El INTI  procedió a entregar la propiedad, es decir un título oneroso a sus actuales y legítimos propietarios solo a ellos en el años 1996”, indicó el apoderado.

Rodríguez Abad negó los argumentos del Gobierno para realizar la intervención, “varios personeros del Ejecutivo nacional han indicado que se trata de un latifundio eso es totalmente falso; el mismo INTI en su resolución en ninguna parte indica que esa intervención  tenga por objeto que se trata de un latifundio; por lo tanto si el mismo ente no lo señala, mal podríamos tratar que está ejecutando esa acción en su decreto. Si no lo señala mal podríamos considerar que pueda tratarse de un latifundio”.

“En el mismo decreto donde el  INTI procede al rescate, podemos constatar que la unidad de producción de Hato Caroní cumple con todas sus obligaciones legales tanto frente a sus trabajadores, como a la ley forestal de zona de aguas y todo el conjunto de  normas legales que tienen que ver con el buen manejo de una unidad de producción de estas características”, precisó.

Destacó Rodríguez Abad que la intervención de esa propiedad por parte del INTI es un desacato a una medida de protección agropecuaria de los tribunales, dictada el primero de diciembre de 2008. “El rescate es absolutamente nulo en términos de derecho” y dijo “que el hato cubre todos los requisitos”.

El legalista notificó que los propietarios agotarán todas las instancias judiciales y administrativas aunque consideran que debe continuar el diálogo.

Denunció el apoderado que el estado de derecho fue violentado al no cumplirse con una medida cautelar que ya existía e informó que “ahora la producción está recortada porque los trabajadores se encuentran desanimados y temen que ocurra igual que con otras instalaciones”.