El PSOE insiste en investigar al diputado Michavila (PP)

   Informaciones publicas en las últimas semanas apuntaban a que Michavila, desde el despacho de abogado que compatibiliza con su escaño en el Congreso, habría participado la pasada legislatura en labores de mediación para González Panero.

   Según informaron fuentes parlamentarias, en principio, la Comisión del Estatuto del Diputado, que vela por la compatibilidad en las actividades de los parlamentarios, no tiene facultad para investigar cómo ejerce Michavila esa compatibilidad y tampoco puede entrar a valorar cuestiones penales.

   Pero no se descarta que este órgano pueda volver a analizar el asunto si encuentra algún elemento nuevo relacionado con el ex ministro que le parezca relevante. De momento, Michavila tiene concedida la compatibilidad desde hace un año, cuando renovó el escaño por Valencia que ocupa desde 1993.

   En paralelo, la Comisión del Estatuto del Diputado seguirá con atención las diligencias informativas abiertas por el Congreso sobre los dos letrados de la Cámara vinculados al bufete con el que trabaja Michavila, por si afectan al ex ministro. Los dos letrados son Andrés Jiménez y Andrés Dorrego, quien fue su subordinado en el Ministerio de Justicia.

   El secretario general del Congreso, Manuel Alba, anunció el pasado 3 de marzo a la Mesa de la Cámara que, como letrado mayor de las Cortes, ha abierto diligencias informativas para saber si los dos letrados cumplen o no con las compatibilidades que fija el estatuto de personal de la institución.

   Las diligencias abiertas consistirán inicialmente en recabar información de los propios letrados para ver si esa actividad privada en el despacho de Michavila se ajusta al ejercicio de la compatibilidad prevista en el Estatuto del Personal de las Cortes. En función de esa información, ya se decidirá más adelante si se llega o no a abrir un expediente, informaron fuentes parlamentarias.

   El PP ya hizo saber en la Mesa del Congreso que no estaba al tanto de esa investigación y que no debía considerarse de la Cámara. Llegó incluso a obligar a que se hiciera público un comunicado dejando claro que las diligencias informativas abiertas a los letrados eran iniciativa del letrado mayor, no de la Mesa del Congreso.