El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, incidió en la necesidad de "concentrar y orientar los esfuerzos contra la siniestralidad laboral en una misma dirección, para ser más eficaces", e insistió en que "la aplicación del Derecho, y en particular del Derecho Penal, tiene una función que cumplir, y como la tiene, debe cumplirla", dijo.
Conde-Pumpido suscribió con el presidente regional, José María Barreda, un convenio de colaboracion para prevenir la siniestralidad laboral. El titular del Ministerio Fiscal, para quien las cifras de siniestralidad laboral en España no son "razonables", destacó que esta preocupación es compartida por los responsables políticos, que conocen mejor que nadie la dimensión del problema. Así defendió el empeño de poner al departamento que dirige a funcionar "con eficacia en la lucha contra la siniestralidad laboral ha ido encajando en esa sensación de utilidad social, gracias a la plena disposición de las administraciones públicas, y sobre todo de las administraciones autonómicas", matizó.
Según Conde-Pumpido, el objetivo de este convenio, suscrito ya con otras administraciones no es "criminalizar" la actividad económica, ni perseguir a ningún colectivo, ni a empresarios, sino "perseguir con eficacia a los delincuentes, haciendo que el Derecho se cumpla". Reconoció que es necesario la ayuda de quienes quieren poner fin a esas estadísticas "inaceptables", y por ello, los interesados no solo son los trabajadores, sino los empresarios, que están obligados a concurrir en régimen de competencia desleal con quienes no juegan limpio y por supuesto los responsables públicos.
El fiscal general del Estado recordó la creación de una red de fiscales especialistas en siniestralidad laboral, coordinada a nivel nacional por el Fiscal, Juan Manuel de Oña, y el incremento de las plantillas, además de la dotación del presupuesto de formación de los Fiscales, despleagada por todo el país. Destacó que si hace tres años los muertos en accidentes laborales rondaban en España el millar anual, y los procesos penales incoados no llegaban a 1450; en la actualidad, la cifra de muertes ha variado mínimamente, pero el número de casos investigados se ha incrementado en un 25%.
Actuación coordinada
Conde-Pumpido felicitó a los fiscales que han contribuido a la elaboración de este convenio y lanzó un mensaje de seguridad a los trabajadores de la región, diciendo que "desde hoy, deben saber que están un poco más seguros, porque sus autoridades laborales y el Fiscal actúan más unidos y con mejores instrumentos, para proteger no solo sus derechos laborales, sino sus bienes jurídicos más valiosos, como la salud, la integridad física y la vida", manifestó.
Por su parte, el presidente regional, José María Barreda, condenó el hecho de que con demasiada frecuencia alguien "que sale a ganarse la vida, encuentra lamuerte", y aludió a que en un "Estado complejo como España", en el que coexisten varias administraciones, éstas deben coordinar sus actuaciones para conseguir que los servicios prestados sean eficaces. Precisamente la coordinación se enmarca dentro de este convenio.
El jefe del Ejecutivo castellanomanchego dijo que las administraciones "hemos sido sensibles" a la voz de los sindicatos, que llevan tiempo dando la voz de alarma en este asunto, matizando que no se trata de criminalizar a nadie, sino que es un compromiso de todos, reducir los accidentes. En este sentido, Barreda, aludió a la gran inversión que su Gobierno ha destinado a la formación e información sobre riesgos laborales, a fin de reducir las estadísticas.
Formación
La consejera de Trabajo y Empleo, Magdalena Valerio, fue la encargada de dar cuenta del contenido de este acuerdo, que tendrá una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2007 y se prorrogará en periodos de dos años. El gobierno regional se compromete a poner enconocimiento de la Fiscalía las actas de infracción que se extiendan como consecuencia de accidentes de trabajo con resultado de lesiones muy graves o fallecimiento, las que den lugar a propuesta de sanción grave o muy grave, las actas de vulneración de la normativa cuando se trate de menores o colectivos sensibles, y aquellas que muestren indicios de delitos relacionados con la seguridad y salud laboral.
Por su parte, la Fiscalía, informará periódicamente de las acciones llevadas a cabo en relación con las actas remitidas y de la situación de los procedimientos adminsitrativos suspendidos por imperativo legal al concurrir la vía adminsitrativa con la penal.
Otro de los aspectos recogidos en el convenio suscrito con el Ministerio Fiscal, es el relativo a la colaboración para la puesta en marcha de programas formativos. Ambas partes se comprometen a la organización de jornadas técnicas en materia de prevención de riesgos laborales y de formación sobre régimen jurídico penal, destinadas a los funcionarios de ambos organismos, la Fiscalía y la consejería de Trabajo y Empleo. El documento contempla la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento, que se encargará de velar por el cumplimiento de las condiciones del convenio.
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