Guerra, ex asesor del Banco Central de Venezuela, afirmó que el Gobierno requiere financiamiento con urgencia para cubrir un déficit fiscal que ya alcanza los 40 mil millones de dólares. Para ello, sostiene, no le alcanza con disminuir las importaciones innecesarias, reducir el gasto público, aumentar impuestos y subir el precio de la gasolina, sino que debe incrementar radicalmente los ingresos.
"Con esas medidas no alcanza porque no puede levantar los 40 mil millones de dólares que hacen falta", afirma Guerra, quien a continuación advierte que los recursos depositados por la banca privada en el Banco Central por concepto de encaje legal, que alcanzan hasta 20 mil millones de dólares, constituyen "una tentación demasiado grande" para el Ejecutivo.
A juicio del economista, la situación económica es similar a la de 1989, al considerar que combina una contracción económica con alta inflación, a los cuales se suma en el actual momento histórico la alta conflictividad laboral producto de los contratos colectivos atrasados.
Chávez había expresado el jueves pasado que "hay un Gobierno que va a trabajar para defender lo intereses del pueblo, no los de la oligarquía". El próximo sábado el Ejecutivo prevé anunciar las medidas económicas que se aplicarán en el país, para enfrentar la crisis financiera mundial, según informó el presidente Hugo Chávez.
Detalló que ese día se llevará una reunión con el Consejo de Ministros. El jefe de Estado resaltó una vez más que "hay un Gobierno que va a trabajar para defender lo intereses del pueblo, no los de la oligarquía".
"El país esté pendiente, vamos a convocar al Consejo de Ministros y un grupo de asesores y altos servidores públicos, porque ese día cerca del mediodía, vamos a hacer un conjunto de anuncios que hemos venido tomando de manera progresiva", dijo.
Consideró que los venezolanos deben asumir la magnitud de la crisis mundial y su impacto sobre Venezuela, sin entrar en "pánico".
Chávez anunció además que el sábado comenzará la toma de los puertos de Maracaibo y Puerto Cabello, derecho que le otorga la nueva Ley de Descentralización recientemente aprobada en la Asamblea Nacional.
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