La justicia italiana condenó a cadena perpetua a cinco represores argentinos, que actuaron bajo la órbita de la ESMA y asesinaron a tres ciudadanos ítalo-argentinos durante la última dictadura militar. El fallo de II Corte de Roma recayó sobre los represores de la Armada, Alfredo Astiz, Jorge Eduardo Acosta, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Febres y Antonio Vanek, imputados de "homicidio voluntario múltiple premeditado"
La causa se dio por los homicidios de Angela María Aieta (madre del dirigente Dante Gullo); Giovanni Pegoraro y su hija Susana, quien se encontraba embarazada al momento de su secuestro.
La noticia de la condena fue recibida con aplausos en el Ministerio de Educación, donde su titular, Daniel Filmus; el secretario de Derechos Humanos, Luis Eduardo Duhalde; y referentes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo dialogaron a través de una videoconferencia con funcionarios italianos y con Estela de Carlotto, quien viajó a Italia para escuchar allí el fallo.
"Cuando muchos en el país apostaban al olvido, otros lucharon por la memoria y la justicia, como las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo; y este fallo es un ejemplo de que avanzar hacia un futuro mejor tiene que ver con eso", subrayó Filmus, tras agradecer y felicitar a la justicia italiana por su labor, en nombre del gobierno argentino.
Ninguno de los imputados estuvo presente cuando fue dada a conocer la sentencia, dado que los ahora condenados están bajo arresto -a excepción del prófugo Vildoza- en Argentina, imputados en la "megacausa" ESMA por violaciones a los derechos humanos, cometidos en ese emblemático centro de detención.
El tribunal que preside Mario D`Andria no resolvió aún la situación del ex almirante Eduardo Emilio Massera, sobre quien la justicia italiana tiene pendiente determinar si se trata de una "persona incapaz", en respuesta por un procedimiento iniciado por los abogados defensores del represor.
Carlotto contó durante la videoconferencia que los peritos psiquiátricos convocados para resolver esa cuestión tendrán una respuesta recién el 16 de mayo próximo, por lo que se deberá aguardar un par de meses para que la justicia se expida sobre Massera.
"La sentencia de hoy constituye un respaldo de la comunidad internacional a la búsqueda de verdad y justicia y a la lucha contra la impunidad", reflexionó Duhalde al dialogar con el titular de la provincia de Cosenza, Mario Olivierio; el alcalde de Fuscaldo, David Gravina, y los tres abogados querellantes de la causa.
Tanto Duhalde como Filmus y Dante Gullo coincidieron en rescatar el "altísimo valor" del fallo, que por un retraso en la conexión de la videoconferencia llegó primero por vía telefónica hasta los oídos del ministro de Educación, quien comunicó la noticia.
"Es una victoria haber alcanzado esto", festejaron entre aplausos las abuelas Vera Jarach, quien perdió a una hija de 18 años, y Buscarita Roa, madre del desaparecido José Poblete.
"Hay que celebrarlo como un triunfo universal", propuso Carlotto, quien destacó el criterio "valiente de los jueces" que condenaron a los imputados a cadena perpetua, pese a que la fiscalía había considerado que Vañek tuvo responsabilidad menor pues al momento de cometerse los crímenes él no pertenecía a un grupo de tareas.
Angela Aieta, oriunda de la provincia italiana de Cosenza, fue secuestrada el 5 de agosto de 1976, a los 56 años, cuando su hijo Dante Gullo era dirigente de la Juventud Peronista.
En diálogo con Télam, Gullo consideró que la condena es un "resarcimiento para los 30 mil desaparecidos" y celebró que la justicia italiana haya iniciado este proceso "contra la impunidad" en épocas en que la justicia argentina "todavía tenía sus puertas cerradas".
Giovanni Pegoraro y su hija Susana, de 21 años, desaparecieron el 18 de junio de 1977 en Buenos Aires. Durante su permanencia en la ESMA, Susana parió a una niña que en 1999 fue localizada -por Abuelas de Plaza de Mayo- bajo la tutela de un suboficial de Marina y de su esposa, con un nuevo nombre: Evelyn Vázquez.
Si bien el matrimonio admitió ante la justicia que la niña les fue entregada por personal de la Armada, la joven Evelyn aún se niega a realizarse una prueba de ADN en el Banco Nacional para comprobar su identidad.