Los sindicatos estudian un referéndum para convocar una huelga policial

La gota que ha colmado el vaso –explican a Diariocrítico medios sindicales- es el rechazo el pasado martes por el Pleno del Congreso de una Proposición no de Ley del PP para el establecimiento de unos criterios que permitan la equiparación salarial entre policías y guardias civiles, por una parte, y los agentes autonómicos, con mayores retribuciones en la actualidad, por otra. Las maniobras del Grupo Socialista lograron el apoyo de CiU, ERC-ICV y BNG para tumbar la propuesta de los 'populares', recibiendo el respaldo de los catalanes a cambio de apoyar la financiación de las prejubilaciones en los Mossos d’Esquadra, como se hace ya con la Ertzaintza. Es decir, una ‘nueva bofetada’ en la cara de los policías, según los citados medios.

La respuesta de los sindicatos policiales en unidad de acción no se ha hecho esperar: “A este insulto y desprecio del Gobierno socialista responderemos con las armas de la legalidad”, dicen los sindicatos SUP, CEP, UFP y SP, a los que se añaden las asociaciones de guardias civiles AUGC y UniónGC, que añaden que se están estudiando algunas medidas que pueden llegar, incluso, a la convocatoria de una huelga histórica en este colectivo.

Tales medidas, según ha sabido Diariocrítico, pasan por volver a convocar ‘trabajo a reglamento’ en determinadas fechas –ya se sabe qué fechas: cuando haya más tráfico-, elaborar ‘listados de esquiroles’, lo cual es realmente novedoso en el Cuerpo, en los que se incluiría a cualquier miembro de ambos Cuerpos –Policía Nacional y Guardia Civil- que en los días señalados lleve a cabo cualquier actuación que no sea urgente y de imperiosa necesidad.

Dado que ésas y otras medidas similares ya han sido adoptadas en un pasado cercano y no han dado los resultados esperados, los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles estudian la posibilidad de llevar a cabo un referéndum consultivo entre los miembros de ambos colectivos en el que se pronuncien sobre la opinión que les merece el actual Gobierno de Rodríguez Zapatero, sobre los derechos sindicales y sobre cuántos de ellos secundarían una huelga si legalmente se pudiese convocar, entre otras medidas de presión.