España solicitará a México la extradición de 'Pepe el del Popular'

Pérez Díaz está acusado de provocar un desfalco en la sucursal del Banco Popular que dirigía en la ciudad de española de Santander, en el norte del país, de más de 36 millones de euros (más de 48 millones de dólares).

Por ello, podría enfrentarse a una pena de prisión de entre diez y quince años por delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida continuadas, según el auto judicial que declara prescrita la responsabilidad penal de su esposa, Esperanza Murillo, pero no la suya.

La extradición de Pérez Díaz será solicitada por existir una causa abierta en su contra desde el año 1991. El juzgado dictará en los próximos días un auto para que 'Pepe, el del Popular', detenido el pasado lunes en México bajo una identidad falsa, pase a disposición judicial.

Dicho auto se remitirá al Ministerio de Asuntos Exteriores, ya que la decisión de solicitar o no a México la extradición de Pérez Díaz corresponde al Ejecutivo español. En caso de que la solicitud llegue a efecto, el Gobierno mexicano tendría que decidir su entrega a las autoridades españolas.

'Pepe, el del Popular' desapareció de su sucursal el 5 de marzo de 1991, tras haber sido avisado por sus superiores de que iban a someterle a una inspección porque habían descubierto "anomalías" en sus operaciones.

Juicio en 2004

El juicio celebrado en 2004 por el fraude destapado condenó al empresario Eduardo Álvarez Álvarez por cooperar con el ex director en la apropiación y el desvío de los fondos.

El método empleado por Pérez Díaz era el desvío de los depósitos que realizaban sus clientes, a los que retribuía con un interés algo mayor al oficial.
En lugar de hacer esos depósitos en el banco, los habría omitido de su contabilidad, y "unas veces se quedaba para sí" el dinero, o, incluso, cobraba cheques a través de otras personas o abría cuentas con esas cantidades en la sucursal.

El tribunal consideró entonces probado que "Pepe, el del Popular" venía realizando esa actuación al menos desde 1986, cinco años antes de su huida.
En febrero de 2008, el juzgado se pronunció sobre la posible prescripción de los delitos que se le imputan, y estimó que ese plazo concluye el 12 de abril de 2012.