El mando político de la economía

El nombramiento de Elena Salgado como titular de la Vicepresidencia económica del Gobierno y la decisión del muy brillante experto David Vegara de dimitir como secretario de Estado de Economía, tras haber sido tenido por todos, durante semanas, como el relevo natural de Pedro Solbes, son hechos que responden a la misma lógica interna, que es el planteamiento con que el presidente Rodríguez Zapatero, de acuerdo con sus propias convicciones, tiene decidido afrontar la crisis económica y financiera. Conviene decir, en base al conocimiento de Elena Salgado desde antiguo, que es persona de calidad y fiable en términos políticos, pero también es evidente que, al margen de sus conocimientos académicos específicos, responde a un modelo distinto del representado por su predecesor, Pedro Solbes, y por su más cercano colaborador David Vegara, siempre tenido este último por economista de la máxima confianza del presidente Rodríguez Zapatero. Ya se ve lo que vale la confianza de los políticos.

El caso es que el pulcro, sabio y experimentado funcionario Solbes y el importante know how económico de Vegara ceden el timón a la gestión política pura y dura. Dicho de otra manera, y como además ya se sabía, Rodríguez Zapatero no cree que la crisis económica deba ser gestionada en parámetros económicos y con decisiones económicas, sino en parámetros políticos y con decisiones políticas. Piensa que la salida de la crisis no será económica sino política. Esto puede escandalizar a muchos, pero sólo el tiempo nos dirá si tiene alguna razón y en qué medida. Por lo menos, la responsabilidad de lo que suceda a partir de ahora ha dejado de ser compartida y para lo bueno y para lo malo habrá de adjudicarse, personal y plenamente, a Rodríguez Zapatero. Como presidente del Gobierno, está en su derecho, aunque es evidente que un escalofrío ha cruzado transversalmente el mundo financiero y empresarial español.

Bien es cierto que quienes disfrutan de información privilegiada desde La Moncloa, o se les supone por experiencias anteriores y repetidas, aseguran que la crisis ha sido un éxito personal del astuto Alfredo Pérez Rubalcaba, pero la permanencia de Fernández de la Vega en la vicepresidencia primera, contra varias horas de rumores que se demostraron infundados, obliga a poner en cuestión esa tesis. Es posible, incluso es probable, que Pérez Rubalcaba tenga mucho que ver con la salida de Solbes y el impresionante ascenso de Salgado, pero la entrada de Blanco en Gobierno y la permanencia de Fernández de la Vega que ha obligado a aumentar el número de Vicepresidencias, confirman no solo la autoría de Rodríguez Zapatero, sino que el presidente mantiene en sus manos todas las riendas del poder. No hay “validos” en su equipo, ni siquiera el muy inteligente Pérez Rubalcaba.

Todo lo anterior es coherente con la ocupación del ministerio del gasto, como desde siempre se describe con ironía al departamento de Fomento, por un puro y duro dirigente de partido, el gallego José Blanco, brazo armado de máxima confianza de las tácticas políticas de Rodríguez Zapatero. Es curioso que José Blanco, a quien muchos, entre ellos, quiera o no confesarlo en público, Pérez Touriño, tienen por responsable de la reciente derrota electoral del PSOE en Galicia, vea por fin alcanzado su viejo sueño de ser ministro de Fomento. La política tiene esquemas subyacentes que funcionan igual en todos los partidos, de izquierdas o de derechas. La llegada de Blanco a Fomento es idéntica y responde a los mismos movimientos y motivos –no tardará en verse– que produjeron la llegada a ese ministerio de quien entonces jugaba, al lado de José María Aznar, aunque fuera desde la Vicepresidencia, el mismo rol que José Blanco junto a Rodríguez Zapatero, es decir, Francisco Álvarez-Cascos.

Por lo menos ahora sabemos que cuando José Blanco dijo aquello tan celebrado de que la lucha contra la crisis necesitaba “menos mercado y más Estado”, no era una boutade más del singular personaje, sino que trasladaba el criterio de su jefe de filas. Para Rodríguez Zapatero, la respuesta a la crisis consiste en intervención política de la economía y en esa forma, aún más perversa, que disfraza la intervención de rebuscadas fórmulas jurídicas y permite suavizar la expresión, de intervención a regulación. Todo bien regulado para poder intervenir donde convenga.

¿Y ahora qué? ¿Mejoran las perspectivas económicas o se acorta el horizonte de la evolución de la crisis? Nada serio permite semejante augurio. No es probable que el intervencionismo político resuelva una crisis financiera y económica de la envergadura de la presente, máxime cuando, con implacable lógica interna, se ha empezado por apartar a quienes podían reivindicar las razones de la economía y del mercado. Veremos en España ese aterrador 19% de desempleados que ya vaticinan los más solventes equipos de analistas independientes, viviremos nuevos sobresaltos financieros, cerrarán empresas que con buenas políticas económicas serían viables... aunque sea tristemente cierto que todo eso apenas importa cuando la verdadera motivación es el poder y las prebendas del poder.

No hace falta leer en las entrañas de las ocas para saber que se avecinan tiempos borrascosos en la política española. Los dirigentes más moderados del partido mayoritario de la oposición reconocen que sus electores no les perdonarían seguir haciendo de “dontancredos”. Asumen esos dirigentes, y lo mismo reconocen los de otros de partidos menores pero importantes, que por respeto a los ciudadanos, a los intereses generales del país y desde luego a la dramática situación de consumidores y empresas, tienen la obligación política e incluso moral de reunir las adhesiones necesarias para forzar unas elecciones anticipadas que den a los españoles la oportunidad de decidir. Su posición es que ni España ni los españoles nos merecemos lo que ha empezado a suceder, y que la única salida democrática son las elecciones generales anticipadas. Es una posición que pronto será ampliamente compartida.