La declaración fue oficializada, a través del Decreto Supremo Nº 29067, aprobado en consejo de ministros en homenaje a la lucha del padre Luís Espinal por el respeto a los derechos humanos y el establecimiento de la democracia en el país.
También se determino que con el fin de realzar el Día del Cine Boliviano, cada 21 de marzo, las salas cinematográficas y los canales de televisión deberán exhibir obligatoriamente filmes nacionales, especialmente aquellos referidos a la temática de Derechos Humanos y de pueblos originarios.
Durante el resto del año, se deberá programar actividades de difusión de filmes y material audiovisual nacional, en unidades educativas, universidades y centros de enseñanza de áreas urbanas y rurales, en coordinación con las prefecturas, municipios e instituciones públicas y privadas.
El decreto establece, que siendo la difusión de la cultura una de las obligaciones y atribuciones del Estado boliviano y con el objetivo de llegar a los lugares más recónditos del país con esta labor de promoción y difusión de la producción audiovisual nacional, se encomienda a instituciones públicas y, a través del Conacine, a instituciones privadas, el apoyo institucional que sea necesario.
Este decreto fue aprobado cumpliendo con el artículo 192 de la Constitución Política del Estado, que determina que las manifestaciones del arte son factores de la cultura nacional y gozan de especial protección del Estado, con el fin de conservar su autenticidad e incrementar su producción y difusión.
Asimismo, la Ley 3351 de 21 de febrero de 2.006 de Organización del Poder Ejecutivo, establece como atribuciones del Ministerio de Justicia el diseño y ejecución de políticas nacionales de defensa y protección de los Derechos Humanos.
El Decreto Reglamentario de la Ley 3351, establece también, que es atribución del Viceministerio de Desarrollo de Culturas dependiente del Ministerio de Educación, formular y ejecutar políticas para fomentar la producción y difusión de las culturas y la protección de las riquezas culturales.
La misma norma legal señala que es atribución del Ministerio de Educación el fomento de la producción y difusión de la cultura y la protección de la riqueza histórica y documental, además del desarrollo de políticas y programas que contribuyan a que la diversidad cultural y la lingüística sena la base del desarrollo nacional.
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