Los funcionarios exigen a Gallardón que "cumpla lo pactado"

Así, el secretario general de Servicios Generales y Policía de UGT del Ayuntamiento de Madrid, Luis Miguel López, denunció "la pasividad" de la Corporación municipal "a la hora de acometer cuestiones como la carrera profesional, el sacar las ofertas públicas de empleo que hay pendientes y en la consolidación y las promociones internas que están a la espera".

Además, indicó que, en servicios municipales como la Policía, Bomberos, Samur o Agentes de Movilidad, el Ayuntamiento de la capital "ha prorrogado unilateralmente los acuerdos existentes" que, según dijo, "perjudican notablemente a los trabajadores y los ciudadanos". De forma parecida se manifestó la responsable de la Secretaria de Convenios y Legislación de CSIF-Madrid, Yola cabrera, quien apuntó que la Corporación "está incumpliendo el convenio de empleados públicos reiteradamente haciendo interpretaciones cicateras y saltándose lo firmado".

"Teníamos la expectativa de unificar las relaciones laborales de funcionarios como de personal propio laboral del Ayuntamiento con unas normas comunes para todos, pero no se está cumpliendo", dijo. Asimismo, denunció que desde el Consistorio "se están haciendo nombramientos de libres designaciones y no se convocan ofertas de empleo público claras y limpias". En este sentido, aclaró que "en la actualidad hay más de 1.300 personas que ocupan puestos de libre designación, con lo que se ha parado la promoción interna del personal funcionario del Ayuntamiento".   

Como también había señalado el portavoz de UGT, Cabrera recalcó que las negociaciones de acuerdos de la Policía Municipal, de los Bomberos y del Samur "están parados y la Corporación municipal no quiere negociar porque así interpreta los existentes como quiere".

Contra privatizaciones
Por otro lado, López (UGT-Ayuntamiento de Madrid) explicó que otro de los motivos de la protesta son las privatizaciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid en colegios públicos, bibliotecas o centros culturales, entre otros. "Al final los ciudadanos pagan dos veces por el mismo servicio, porque tienen que seguir pagando al funcionario que tiene que ser recolocado y a la empresa privada que, además de generar empleos precarios que ganan un 30 por ciento menos de lo que gana un funcionario, son afines a la Corporación", añadió.

Por último, el representante sindical explicó que a raíz del caso 'Guateque' se ha privatizado el servicio de control de licencias. "No creemos que deba estar en manos de una empresa privada el poder dar una licencia", finalizó.