Aguirre recurre la oficina del consumidor de la CNE

Así lo ha señalado el vicepresidente y portavoz, Ignacio González, quien ha añadido que la apertura de dicha oficina no solucionará el verdadero problema de los consumidores, que no es otro que "la fuerte subida encubierta de las tarifas de electricidad que ha propiciado el Ministerio de Industria del Gobierno de España a principios de año".

Según la Comunidad, el cambio de facturación de bimestral a mensual a través de lecturas estimadas "no beneficia a nadie y sólo pretendía encubrir una subida de la electricidad muy superior a la anunciada por el ministro Sebastián." Ante la avalancha de quejas y reclamaciones recibidas (casi 10.000), la Comunidad de Madrid abrió un expediente informativo a las compañías eléctricas el pasado 30 de enero para investigar los motivos de las facturas tan elevadas, facturas que además resultan incomprensibles para la mayoría de los consumidores.

Además, el Gobierno Regional sostiene que los términos invocados en el Real Decreto Ley 1/2009, no justifican la urgencia de ser tramitado por esta vía. "El Ministerio de Industria se amparaba en la situación económica, en los efectos del proceso de liberalización del sector energético, y en la inminente entrada en vigor del Suministro de Último Recurso para hacer uso de la facultad  legislativa excepcional de dictar Decretos leyes", aseguraron.

Sin embargo, la Comunidad considera que ninguno de estos motivos justifica dicha urgencia, ya que la normativa estatal reguladora del Suministro de Último Recurso todavía no ha sido desarrollada y se pretende justificar la creación de esta Oficina para solucionar los posibles problemas que se puedan derivar de la entrada en vigor de una normativa inexistente hasta el momento.

El Gobierno regional considera que es difícil que la actuación que se asigne a la Oficina dé respuesta a los problemas que puedan surgir como consecuencia de una regulación posterior. La creación por parte del Gobierno central de esta Oficina de Atención al Consumidor podría suponer -afirman-una vulneración de las competencias autonómicas en materia de consumo. Dicha oficina podría constituir una injerencia en las competencias de protección al consumidor, transferidas a las comunidades autónomas.

Por otra parte, según el informe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, el RDL vulneraría también las competencias exclusivas de instalación de producción, distribución y transporte de cualesquiera energías, cuando el transporte no salga de territorio y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad.