La única magistrada del Tribunal Constitucional (TC),
Silvia Salame, renunció y envió ayer al Presidente del Congreso su carta de dimisión irrevocable. Acusa al Gobierno de haber articulado el recorte del presupuesto de esa instancia judicial. El Ejecutivo negó que hubiese interferido en asuntos económicos de ese poder.
Fuentes extraoficiales aseguraron a este medio que Salame remitió su renuncia cansada de los constantes atropellos contra la institucionalidad de este órgano constitucional y espera que Álvaro García Linera le diga a quién entregará la responsabilidad de esta institución después de cinco años y nueve meses de ejercer este cargo.
Salame se refirió al recorte del presupuesto anual del Tribunal Constitucional e indicó que con esta decisión el Consejo de la Judicatura dio el tiro de gracia a este órgano constitucional.
Asimismo denunció que hay una componenda política entre Consejo de la Judicatura y el Gobierno porque están logrando liquidar al TC desde el propio órgano judicial, pues el recorte presupuestario hace inviable su funcionamiento.
“Con esto se desenmascara al Gobierno y se demuestra que en este país no existe justicia constitucional”, afirmó Salame, quien convocó en esta jornada a una conferencia de prensa para hacer conocer esta determinación.
El Gobierno duda
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, recordó anoche a La Prensa que el Órgano Judicial es un ente estatal independiente, que maneja su propio presupuesto.
Por tanto, subrayó, “la señora Salame mal puede acusar a otras instancias por el recorte de recursos o cosas parecidas”.
Además, recordó que Salame anunció en varias ocasiones su renuncia al cargo, sin haber enviado ninguna misiva con ese tenor al Congreso.
El diputado podemista Antonio Franco considera la salida de Salame del Tribunal como un “golpe más al Poder Judicial” y responsabilizó al Gobierno de ser el autor de esa acción.
El temor de Salame
Salame alertó en anteriores ocasiones que el Tribunal Constitucional no está haciendo control constitucional, los funcionarios están dedicados al área de Pedagogía Constitucional y haciendo la historia de la Constitución.
Hace una semana, el consejero de la Judicatura, Rodolfo Mérida, explicó que el Órgano Judicial, por responsabilidad, decidió recortar el presupuesto del Tribunal Constitucional de 13 millones de bolivianos a sólo 2 millones.
Hasta la fecha, las causas paralizadas en el Tribunal Constitucional llegan a 4.177 y las personas afectadas a 27.152, a raíz de la demora del Congreso Nacional en la designación de magistrados. Desde hace dos años, el Tribunal no hace control de constitucionalidad por falta de quórum.
Los detalles
El Tribunal Constitucional estaba sin quórum por la falta de nombramiento de sus otros miembros en el Congreso.
Salame advirtió en varias ocasiones de que dejaría el cargo debido a la supuesta injerencia del oficialismo en el Poder Judicial.
El presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández, fue suspendido por la Cámara de Diputados este mes porque, supuestamente, hubo retardación de justicia en los casos de “octubre de 2003”, “Chito” Valle y la compra de vacunas con sobreprecio hace más de 10 años.
Para nombrar a las autoridades de los cargos acéfalos del Poder Judicial hace falta consenso en el Congreso.
En 2008 se suspendió hasta esta gestión la designación de esos responsables, pero hasta la fecha no hubo acuerdos.
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