Los responsables de Orain, la empresa editora del extinto diario proetarra Egin, están preparando una demanda contra el Estado de las catalogables como de órdago. El pie para la demanda lo ha dado la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que ha reducido las sentencias contra los condenados por el 'caso Ekin', otro de los casos instruidos por el ‘juez estrella’ Baltasar Garzón y que ahora ha tenido la correspondiente ‘rebaja’ por el Supremo.
El hecho preocupante no es ya la rebaja de la pena a 37 de los 47 condenados por la Audiencia Nacional en el sumario por el 'caso Ekin' y la absolución de otros 9, sino la revocación por el Supremo de la declaración de ilicitud de Orain, la empresa editora del clausurado diario Egin.
Al anular esa ilicitud, los abogados abertzales preparan una importante demanda pidiendo daños y perjuicios al Estado, dado que Egin tuvo que cerrarse y alegarán, además de los costes del cierre, el ‘lucro cesante’.
Mal se pone la cosa para las arcas del Estado, que aún tiene pendiente el pago de una indemnización milmillonaria a los antiguos del periódico ultraderechista El Alcázar, aunque en este caso fue por la retirada de publicidad institucional en el mismo durante el periodo de Felipe González.
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