La Corte Suprema de la Nación dispuso la formación de una secretaría judicial especial "para reforzar la investigación del atentado" a la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA).
Según el Centro de Información Judicial (CIJ) la secretaría funcionará en el Juzgado en lo Criminal Federal Seis, de esta capital, a cargo del magistrado Rodolfo Canicoba Corral.
El juez Canicoba Corral ya tenía afectado personal y funcionarios judiciales en un sector de la planta baja de Comodoro Py 2002, cuyos secretarios intervinieron en las últimas órdenes de capturas libradas a pedido del fiscal Alberto Nisman.
La información agregó que la Corte pidió que "secretarios letrados asignados recientemente a aquel juzgado sean destinados a la nueva secretaria".
Ayer el Máximo Tribunal ordenó reabrir la investigación por el atentado, causa que había quedado cerrada por decisión del Tribunal Oral Federal Tres".
La Corte "dejó sin efecto la decisión" del Tribunal Oral Federal 3), luego confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal, de declarar la nulidad" de toda la causa.
El Alto Tribunal consideró que "no se podía confirmar la nulidad de toda la pesquisa que se llevó a cabo en el expediente, sino sólo aquel tramo de la investigación que estuvo viciado de parcialidad" por la actuación del ex juez federal Juan José Galeano.
Con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, la corte "dejó en pie los primeros tramos de la investigación, que incluye la pesquisa sobre Carlos Telleldín y su declaración indagatoria" y confirmó lo actuado con posterioridad al 31 de octubre de 1995.
En esa fecha Galeano había decidido la apertura de la causa "Brigadas" y ordenó investigar a policías bonaerenses por extorsión en perjuicio de Telleldín.
Esta decisión fue anulada por el TOF 3, por la actuación irregular de Galeano y confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal, generando la nulidad de toda la investigación.
La Corte sostuvo que la decisión del tribunal oral, luego confirmada por Casación Penal, carecía del sustento necesario para declarar nula toda una actuación judicial.
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