De la Vega respondía así, en el Pleno del Congreso, al coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien le preguntó qué va a hacer el Gobierno después de que "más de un centenar" de organizaciones relacionadas con la memoria histórica y la defensa de los Derechos Humanos, entre ellas Amnistía Internacional, hayan pedido la retirada de este proyecto de ley.
La vicepresidenta relató que el Gobierno ha recibido 14.000 escritos de ciudadanos y se ha reunido "prácticamente con todas" las entidades que trabajan en este campo. A continuación, destacó que no son "la mayoría" las que piden la retirada y recalcó que, en todo caso, serán los grupos parlamentarios los que decidan cómo queda el proyecto. "El Gobierno siempre tiene la primera palabra, la última la tiene el Parlamento", apuntó.
De la Vega recordó a Llamazares que este proyecto obedece a varios mandatos parlamentarios para resolver "en el espíritu de la reconciliación, la concordia y el respeto al pluralismo algunas de las consecuencias aún no resueltas de la Guerra Civil y de la dictadura".
Insistió en que con esta norma no se pretende "revisar la Historia", sino ampliar derechos y resolver situaciones individuales y colectivas "injustas" y completar el trabajo desarrollado desde la Transición para la reparación material y moral de las víctimas del franquismo y la contienda civil.
"Escuchar a todos"
Por ello, explicó que "lo más adecuado" es continuar "normalmente" con la tramitación parlamentaria "escuchando a todos" hasta conseguir "reflejar el acuerdo mayoritario que existe en la sociedad española sobre el carácter injusto de las condenas, las sanciones y las expresiones de violencia personal sufridas por motivos políticos e ideológicos, la mejora de derechos económicos y, en su caso, la necesidad de un procedimiento de reparación moral y jurídica individual".
"El proyecto cumple con todos estos fines y se hace desde los valores en los que se funda y se basa nuestro sistema constitucional. Una ley respaldada por la mayoría de este Parlamento será la mejor ley que contribuya a cerrar un trágico capítulo de nuestra Historia inacabada", enfatizó.
Por su parte, el líder de IU volvió a reclamar al Gobierno que "reconsidere" y "retire" el proyecto. "Mantengan sus compromisos y sin genuflexiones", demandó, haciéndose eco de las denuncias formuladas por las asociaciones que han tachado de "decepcionante" el texto del Ejecutivo, entre otras cosas, porque no aborda una "cuestión fundamental" como es, a su juicio, la anulación de los "injustos" juicios sumarísimos del franquismo.
En este punto, Llamazares recordó que en 2003 el Grupo Socialista, a través de su entonces portavoz en el Congreso y actual ministro de Trabajo, Jesús Caldera, defendió la anulación de estos "fallos injustos" por la "ilegalidad" de las normas en los que se basaron y la "ilegitimidad" de los tribunales que los dictaron.
El Gobierno está "descentrado"
"¿Qué les está pasando, tanto cambia el Gobierno, la memoria es tan frágil que al cabo de tres años se pierde?. Esto no es centrarse están ustedes descentrados en esta materia", espetó a la 'número dos' del Gabinete Zapatero.
En opinión de Llamazares, es un "esperpento" sostener que "la seguridad jurídica puede negar la Justicia", en un marco de jurisdicción internacional y de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad. También denunció que, como dice Amnistía Internacional, el proyecto puede definirse como una "ley de punto final" porque "encubre la identidad de los autores de las violaciones de los Derechos Humanos" al "hurtar" de estos datos a sus víctimas, "en contra del Derecho Internacional".
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