El ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, explicó hoy en la radio estatal Patria Nueva que, si Lima no acepta la petición de la cancillería boliviana para cancelar el asilo a esos tres ex ministros, Bolivia evalúa presentar una demanda contra Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ).
El presidente Evo Morales anunció el mes pasado la posibilidad de demandar a Perú para que cancele ese asilo a los ex ministros Mirtha Quevedo, Javier Torres Goitia y Jorge Torres Obleas, acusados de "genocidio" junto con el ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada por la muerte de más de 60 personas en la represión a una ola de protestas en 2003.
Esa decisión de Perú creó un conflicto entre los Gobiernos de La Paz y Lima, hasta el punto de que Morales dijo que las relaciones diplomáticas entre ambos países se encuentran en "alto riesgo".
A finales de mayo, la cancillería boliviana envió a Lima documentos para que revise su decisión de asilar a los tres ex ministros, pero La Paz aún no ha recibido una respuesta.
Para Arce, de concretarse el juicio Bolivia tendría "las más amplias posibilidades de ganar", porque el proceso contra el Gobierno de Sánchez de Lozada "es un tema ampliamente conocido en el mundo" y "fundamental".
"No se puede masacrar a 67 personas como él (Sánchez de Lozada) hizo en El Alto y después burlar la justicia boliviana (...) Entendemos que la comunidad internacional representada por la Corte de la Haya entendería los argumentos que presentemos", aseveró.
Asimismo, el ministro dijo que se ha comunicado con expertos abogados estadounidenses que asesoran a Bolivia en otros temas, quienes le confirmaron que el país "está plenamente facultado para presentar una demanda" si el Estado peruano niega la solicitud de reconsiderar el asilo y se agotan los procedimientos diplomáticos.
"El Gobierno peruano, con el mayor respeto, no puede actuar violando las normas del derecho internacional y causando daño a temas importantes", subrayó.
A su juicio, la decisión del Gobierno peruano de conceder asilo a ex funcionarios procesados por la justicia boliviana es "una determinación incorrecta" que viola las normas del derecho internacional.
Por ello, comentó que el Estado boliviano está haciendo gestiones en torno al estatuto del refugiado de 1951 mientras espera la respuesta de Perú.
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