Tardío pedido de extradición para testigos de bombardeo

El último reportaje de BLANCO Y NEGRO reveló las gestiones de la Fiscalía para seguir el trámite de extradición de la mexicana Lucía Morett y las colombianas Martha Pérez y Doris Bohórquez, las tres mujeres sobrevivientes del ataque militar colombiano contra el campamento clandestino de las FARC en territorio ecuatoriano el 1.º de marzo de 2008. A pesar de las dificultades casi insalvables para que prospere la extradición, podría decirse de esa gestión que más vale tarde que nunca.

Había evidencias de los nexos de las tres sobrevivientes con el grupo guerrillero que había entrado de forma ilegal y en acto de violación a la soberanía a territorio ecuatoriano. La atención humanitaria que concedió el país a las tres sobrevivientes no debía confundirse con aceptar la impunidad al dejarles marchar sin haber iniciado la investigación judicial en los dos meses en los que permanecieron en el Ecuador. Solo las inconsistencias entre las declaraciones de Morett al fiscal Washington Pesántez y las iniciales a los militares que la auxiliaron en Angostura para trasladarla al hospital Militar en Quito eran una señala de alerta para una indagación judicial seria. Y esta era tanto más necesaria cuanto las joven mexicana y las dos colombiana eran únicas testigos sobrevivientes que podían ayudar a recabar información sobre el repudiable ataque militar y la igualmente condenable presencia previa de los guerrilleros en suelo ecuatoriano.

El insólito asilo concedido a las sobrevivientes, la salida entre gallos y medianoche de las dos colombianas en avión especial enviado por el presidente Daniel Ortega, a pesar de que no procedía que se acogieran al asilo quienes no eran en absoluto perseguidas políticas en el Ecuador, deberían ser objeto también de investigación.

Muchos cabos sueltos dejó el apresuramiento y la ligereza con que se procedió en este caso que ahora, en tardío propósito de enmienda, tiene el pedido de extradición.