¿Qué corona tiene?

Debe preguntarse la sociedad, objetivamente y libre de animadversiones personales, si a la luz de los recientes acontecimientos puede seguir manteniendo su confianza en la figura  presidencial.  El favor popular acaba de reducirse al 45 por ciento del electorado, según los resultados de la última elección.

Luego de la aparición de una lista de contratos (algunos adjudicados “a dedo”) a empresas vinculadas a un hermano del Presidente, la confianza popular en la figura presidencial se ve  menoscabada. Ya quisiera cualquier ciudadano del Ecuador tener acceso al más ínfimo de estos contratos cuyo monto es de tres millones 358 mil 795.13 dólares.

Si la mayoría de los ciudadanos no tiene acceso a estas prerrogativas, ¿qué corona tiene el hermano del Presidente para que sus empresas concentren contratos por montos  cercanos a los cien millones de dólares? ¿No era la lucha  contra estos privilegios uno de los más fervorosos postulados de la revolución ciudadana?  El Presidente no debe olvidar que la teoría del poder constituyente —de cuyas ideas se sirvió para hacer “su revolución”— se fundamenta en la obra capital de Emmanuel Sieyes ‘Ensayo sobre los privilegios’, escrita precisamente para denunciar los abusos de poder de los gobernantes.
 
Que se demuestre dónde está el perjuicio al Estado. Que como cualquier ciudadano, el hermano del Presidente también  tiene derecho al trabajo. Pues no. Ninguno de estos argumentos es suficiente para vulnerar un principio ético que sí consagran las leyes del Ecuador: los hermanos del Presidente de la República no pueden celebrar contratos con el Estado.

Así lo establece el Artículo 62 de la flamante ‘Ley Orgánica Del Sistema Nacional de Contratación Pública’ aprobada por la Asamblea Constituyente. De paso, el Artículo 1478 del Código Civil vigente dispone que  “hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público ecuatoriano”.

Si la ilicitud está configurada, ¿por qué el Presidente se niega a reconocerla? ¿Será porque su asesor legal declara públicamente que él no ve ninguna ilegalidad, “ninguna vejación de la ley”? Pues habrá que comprarle lentes o regalarle el texto de la ley de contratación pública aprobada por la Asamblea de su gobierno. 

Lo que ocasionó la caída de Richard Nixon fue el espionaje político. Este dio al traste con la confianza que la sociedad norteamericana había depositado en su Presidente.  Como aún le quedaba sangre en el rostro, Nixon no titubeó y presentó su renuncia. ¡Qué suerte la de los gringos!

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