La petición de los populares ha llegado como contestación a la ministra de Defensa, Carme Chacón, que hace un par de días acusó a la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, de no haber dedicado “ni un segundo” a mirar los papeles que Alberto Saiz presentó en la Comisión de Gastos Reservados. Es cierto que esos documentos no fueron vistos por los portavoces parlamentarios, pero porque el presidente del Congreso, José Bono, fijó que los papeles entregados no podían ser consultados en ese momento, sino una vez que fueran registrados y clasificados y solamente “por los portavoces de los grupos, en presencia de un funcionario y sin poder hacer fotocopias".
El PP sabe que tiene un tema explosivo en sus manos y no quiere soltar presa. Así, en opinión de Sáenz de Santamaría, al tener la Comisión de Gastos Reservados carácter secreto, la documentación que el Director del CNI presentó quedó en poder del secretario general de la Cámara Baja. No obstante, Sáenz de Santamaría sí ha visto someramente los papeles y sostiene que no afectan en modo alguno a la seguridad y defensa del Estado. Por ello, considera que la documentación debe ser trasladada a la Comisión con la misma publicidad que cualquier documentación que afecta a otros altos cargos de la Administración General del Estado.
La documentación presentada por el director del CNI consiste en una carpeta con la intervención de Alberto Saiz en la Comisión de Gastos Reservados; en otras dos carpetas se incluyen las facturas que supuestamente probarían que el Director del CNI no utilizó dinero público y, la última, se refiere al balance de la utilización de gastos reservados por el CNI.
Escrito de Sáenz de Santamaría a Bono
Dado el monumental lío montado con este asunto, al que no es ajena la ministra de Defensa, Sáenz de Santamaría ha enviado un escrito a Bono en el que hace las siguientes consideraciones: ninguna de la documentación referida a las actividades privadas del Director del CNI afecta en modo alguno a la seguridad y defensa del Estado, en los términos a que aluden la Ley 11/2002 de 6 de mayo, reguladora del CNI y la Ley 9/1968 de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales que es lo que está sujeto al deber de secreto que regula la celebración de las sesiones de la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados. Así, el propio Director del CNI, en su comparecencia ante la Comisión de Defensa celebrada el pasado día 20 de mayo, hizo uso y exhibición de alguno de esos documentos, siendo aquella una sesión pública.
El Grupo Popular ha solicitado la comparecencia del Director del CNI ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para que dé cuenta y aclare o desmienta las informaciones difundidas por determinados medios de comunicación sobre la supuesta utilización de fondos públicos para sus actividades privadas.
La portavoz del PP también ha solicitado al presidente del Congreso de los Diputados que dé las instrucciones pertinentes para que toda la información referida en el punto primero del escrito sea trasladada a la Comisión de Defensa para su estudio por parte de los portavoces de la citada comisión “con la misma transparencia y publicidad que cualquier documentación que afecta a otros cargos de la Administración General del Estado”.
Saiz entrega cuatro carpetas en el Congreso
Por su parte, Saiz ha depositado en el Congreso cuatro carpetas de documentos: una con la intervención que expuso el martes ante los portavoces parlamentarios que forman parte de la Comisión de Gastos Reservados; otra, con el informe que presentó ese día sobre los gastos reservados del servicio de información, que reflejan un importante incremento respecto a años anteriores atribuido a la lucha contra el terrorismo; una tercera con las facturas aportadas sobre sus viajes privados para jornadas de caza y pesca, incluyendo el vuelo a Dakar (Senegal), uno de los pocos documentos novedosos con relación a la información que el director del CNI ofreció públicamente a la Comisión de Defensa a finales de mayo.
En la última de las carpetas se concentran las facturas relativas a las obras llevadas a cabo en su domicilio que, según quienes las han visto, se elevan a más de 80.000 euros, de los que unos 30.000 han sido sufragados por el CNI en concepto de obras de seguridad.
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