El próximo sábado se celebrará en Madrid una gran manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y secundada por el PP que puede significar otro punto de inflexión en la paz social. La manifestación que, sin duda, será un éxito de convocatoria, contará con la plana mayor del PP, empezando por su presidente ejecutivo, Mariano Rajoy, y su presidente de honor, José María Aznar. En primera fila estarán los primeros espadas populares, desde el secretario general, Ángel Acebes, hasta el portavoz del Grupo Parlamentario, Eduardo Zaplana.
Las consignas son evidentes: “No en mi nombre”; es decir, un no rotundo al proceso de paz con ETA, a la negociación –‘rendición’, dicen el PP- del Estado frente a los terroristas. Pero también se lanzará un mensaje de dura crítica contra determinadas decisiones adoptadas por el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, tales como desvincular las herriko tabernas de la ilegalizada Batasuna.
Los jueces ‘calientan’ el fin de semana
Pero antes de esa manifestación, los jueces han ‘calentado’ el ambiente. Ha sido este mismo jueves, en Valladolid, donde se ha reunido el Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) para aprobar un durísimo comunicado contra los que han desatado “una campaña de presión y descrédito del Poder Judicial” como consecuencia de la adopción de determinadas decisiones que “por no ser del gusto o responder a deseos de determinadas instancias, han provocado toda una cadena de reacciones y reproches que, excediendo con mucho el derecho a la crítica, no persiguen más que deslegitimar y coartar la independencia de un poder del Estado socavando su prestigio, su legitimidad y su autoridad ante el conjunto de los ciudadanos”.
En el durísimo documento, la APM no cita en ningún momento ni a ETA ni a las conversaciones de paz, pero es evidente que toda la nota está referida a las actuaciones judiciales contra etarras y/o batasunos que no han gustado nada ni al Gobierno de Rodríguez Zapatero ni a determinados partidos políticos, especialmente el PNV y el PSE-PSOE.
La APM, asociación mayoritaria en la magistratura, pide a los jueces en realidad que cumplan con su trabajo –basado en el cumplimiento estricto de la ley- y no se dejen amedrentar por el poder político. Estos jueces califican de “grave” la situación actual y rechazan el “tono desafortunado de determinadas manifestaciones tildando a ciertos sectores de la Judicatura y a concretos profesionales, a los que se acusa de actuar por simples impulsos políticos, de involucionistas o antidemócratas”. Y lanzan una seria advertencia al Ejecutivo y al poder político: esa situación “está en trance de provocar un conflicto de primer orden y de generar daños al conjunto institucional de muy difícil reparación”.
En fin, que la APM ha hecho una llamada “a la mesura y a la responsabilidad de toda la clase política”.
Los obispos se unen a los manifestantes
Por si fueran poco las advertencias de los jueces y de los militares –en pocos días se han emitido dos duros manifiestos contra la política negociadora del Gobierno, los obispos se van a poner también en pie de guerra. Será este viernes, momento en el que la Conferencia Episcopal aprobará un documento de apoyo a las víctimas en vísperas de la manifestación de Madrid.
Según parece, el documento denuncia el “laicismo y la secularización” que, a juicio de los obispos, se viven en España, y reflejará también “una clara expresión de solidaridad con los que sufren” la violencia terrorista.
Si finalmente el documento es aprobado este viernes, la ‘ayuda’ de la Conferencia Episcopal a la manifestación del sábado va a ser definitiva. Es decir, incidirá en que la convocatoria constituya un éxito memorable.
Las negociaciones se estancan
Pero es que, además, según todos los indicios recogidos por Diariocrítico, las negociaciones para avanzar en el proceso de paz en el País Vasco parecen estancadas, aunque algo menos de lo que algunos políticos han transmitido a la opinión pública. Este diario ha podido saber que los escollos han surgido por una doble división: primero en Batasuna, y luego en la propia ETA. Les contamos los pormenores.
Según nos confirman fuentes de total solvencia, el estancamiento se ha producido por la metodología, el calendario y el temario de la mesa de partidos. No tiene nada que ver la cuestión de Navarra, ni siquiera el ‘derecho a decidir de los vascos’ -eufemismo sobre la autodeterminación-. El problema es que para constituir la mesa de partidos, todos los partidos democráticos exigen que Batasuna esté, pero que lo sea de forma legalizada.
Sin embargo, los batasunos están divididos. En su mayoría no quieren legalizarse bajos las leyes del Estado español; es decir, la Ley de Partidos Políticos, y plantean dos soluciones: que se hable con ellos en la actual situación -ilegalizados- o que se derogue la Ley de Partidos. Ni una cosa ni otra, obviamente, acepta el PSE y mucho menos el Gobierno.
No obstante, parece que en Batasuna -tal y como les hemos contado en exclusiva- se afianza la idea de no legalizarse ni siquiera para las elecciones municipales de mayo de 2007: plantean la posibilidad de presentarse en los respectivos municipios con la fórmula de ‘asambleas de electores’ o similar.
La división de ETA viene por otro lado: los ‘pactistas’ no pueden controlar a todos sus comandos y entre sus filas hay quienes piensan que el proyecto de paz no llegará hasta el final y hay que prepararse, por tanto, para un eventual regreso a las armas. De ahí que algún comando robara las pistolas en Francia. Pero en ETA saben que no habrá conversaciones en tanto la paz total no sea decretada.
En esos parámetros es en los que ahora se mueve el proceso.
Si (
No(
