La comisión que analizará, con vistas a su renegociación, el convenio suscrito entre el Estado ecuatoriano y la compañía de Oleoductos de Crudos Pesados Sociedad Anónima (OCP S.A.), presentará su informe en septiembre próximo.
La Presidencia de Ecuador informó en su portal de internet que dicha Comisión hará el análisis legal, técnico, económico-financiero, social y ambiental tanto de la oferta como del contrato firmado con OCP, cuya renegociación fue anunciada el 11 de julio por el presidente de Ecuador, Rafael Correa.
La Comisión, presidida por Julio González, subsecretario de Política Hidrocarburífera del Ministerio, presentará su informe en 45 días, anotó la Presidencia.
Según Correa, las empresas accionistas de OCP, entre las cuales están la española Repsol-YPF, la brasileña Petrobras y la francesa Perenco, han incurrido en préstamos ficticios y en evasión del pago de impuestos.
Correa explicó que para construir el OCP, que transporta crudo desde la Amazonía hasta la costa ecuatoriana, las empresas socias supuestamente conformaron una empresa en paraísos fiscales y financiaron los costos con deuda y créditos entregados por las propias socias, con tasas de interés del 18 al 21%, cuando en el mercado están entre 4 y 6%.
Eso hace, dijo, que salgan gastos de intereses altos, con lo cual la compañía no paga impuestos al Estado, no tiene utilidades y estafa al fisco, señala el portal de la Presidencia.
Según Correa, el OCP también afectó al Estado cuando el costo inicial de 500 millones de dólares aumentó al final a 1.500 millones de dólares.
"No fue inversión real, fue inflada. Si son 500 millones en 15 años, pago poca cantidad de amortización, si es más, la amortización incrementa. Esta es la tercera vía de cómo eludieron y siguen eludiendo impuestos, sobredimensionando la inversión", anotó entonces Correa.
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