El presidente del Parlamento, Jorge Cevallos, puede instalar la sesión del 10 de abril con los diputados suplentes, pero los 57 diputados destituidos aseguraron que irán a otro lugar si no les dejan volver a sus curules.
Los 57 diputados opositores que luchan por su restitución en Ecuador intentarán ocupar la semana próxima sus curules pese a un fallo adverso del máximo tribunal y, de ser negado su ingreso, sesionarán en un Congreso paralelo, dijeron ayer dirigentes del bloque.
"Eso no tiene valor para nosotros porque tenemos un amparo constitucional que está ejecutoriado. Así que cualquier resolución que provenga de otra autoridad ya no tiene ningún valor, porque el pronunciamiento de un juez es de efecto inmediato", dijo a la AFP Gloria Gallardo, dirigente del Partido Renovador Acción Institucional Acción Nacional (Prian).
Los representantes de la otrora mayoría parlamentaria -sancionados el 7 de marzo por torpedear la consulta del 15 de abril sobre una Constituyente- ignoraron el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que dejó en firme su restitución, asegurando que cuentan con un recurso de amparo que les devolvió sus asientos.
Asimismo el Partido Sociedad Patriótica (PS), del ex presidente Lucio Gutiérrez, afirmó que respeta el pronunciamiento del TC, aunque a su juicio el amparo está por encima del mismo, al tiempo que aquel no resuelve el reclamo de fondo de los diputados.
"Iremos al Congreso, si no nos dejan entrar, iremos a otro lugar a cumplir con nuestras funciones", afirmó Fausto Cobo, líder del PSP, en una entrevista con el canal Teleamazonas.
Las fuerzas opositoras coincidieron en que, de ser rechazado su ingreso el martes próximo, "sesionarán en otra parte y establecerán un Congreso legítimo" para enfrentar la que llaman la dictadura del presidente Rafael Correa, quien negó cualquier responsabilidad en la crisis de poderes.
Los diputados se aferran al amparo concedido por un juez suplente, cuya sentencia fue desconocida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), responsable de la destitución masiva y que se presenta como la máxima autoridad en época de comicios.
Su destitución precipitó una crisis de poderes que también involucra al TC, que el martes negó por vicios de forma un alegato con el que los legisladores buscaban recuperar sus derechos parlamentarios.
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