Los expedientes del caso Rózsa llegaron ayer a las 18.00 a Santa Cruz enviados desde la Corte Suprema de Justicia que a pesar de una impugnación que presentó el Gobierno decidió dar cumplimiento a un fallo emitido el viernes.
Los 14 vocales cruceños tomaron conocimiento del hecho y determinaron una reunión de sala plena para el miércoles a las 9.00 con el objeto de dirimir el conflicto de competencias y a las 11.00 fijaron una conferencia de prensa para dar a conocer su resolución.
La presidenta en ejercicio de la Corte Suprema, Beatriz Sandóval, dijo que saben del pedido de complementación y enmienda presentado por el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, pero igual tomaron la decisión de remitir el expediente a Santa Cruz en cumplimiento del artículo 311 del Nuevo Código de Procedimiento Penal en el sentido que cuando hay un conflicto entre jueces de dos distritos judiciales distintos, resuelve la Corte del Distrito del juzgado que primero haya conocido el proceso.
Wilfredo Chávez alega que la ministra de la Suprema, Rosario Canedo, estaba inhabilitada porque había emitido juicio sobre el tema, sin embargo, Sandóval señaló que en la misma audiencia se determinó que la observación del Gobierno no tenía fundamento legal.
En La Paz el fiscal Marcelo Soza, que llevaba adelante las investigaciones, anunció que presentará un Amparo Constitucional y que “no está dicha la última palabra”.
La determinación judicial surge en medio de una guerra verbal entre el Gobierno, la oposición y el Poder Judicial a cuatro meses del asalto policial al hotel Las Américas donde murieron el presunto cabecilla de la banda, Eduardo Rózsa, el húngaro Magyarosi Arpad y el irlandés Martin Dwyer.
Parlamentarios opositores, el prefecto Costas y el ex cívico Branko Marinkovic, criticaron la injerencia del Gobierno en el Poder Judicial.
El caso vuelve a la jurisdicción cruceña
1.- Los atentados
El caso se inició después de dos atentados: a la casa del viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos, el 28 de noviembre y la casa del cardenal Terrazas el 15 de abril.
2.- Investigación
El fiscal Marcelo Soza encabezó las investigaciones y citó a casi medio centenar de personas a La Paz, pero hubo protestas porque el escenario del hecho fue Santa Cruz.
3.- El conflicto y la Suprema
El juez cruceño Luis Tapia y la juez paceña Betty Yañíquez se declararon competentes para conocer el caso y el expediente fue elevado a la Corte Suprema.
4.- Santa Cruz tiene la palabra
La Corte Suprema delegó este viernes que la Corte Superior de Santa Cruz resuelva el conflicto y consideró que el juez que primero conoció el caso fue un cruceño.
Sandóval: ‘No dudamos en enviar el caso a Santa Cruz’.
La presidenta en ejercicio de la Corte Suprema, Beatriz Sandóval, dijo a El Día que nunca dudaron que la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz sea la que resuelva el conflicto de competencia entre los juzgados de Santa Cruz y La Paz porque eso dispone el artículo 311 del Código de Procedimiento Penal.
Recordó que las disidencias que existían estaban relacionadas si devolver el caso a la juez paceña Betty Yañíquez para que ésta lo remita a la Corte de Santa Cruz o si enviarlo directamente, pero “nunca se dudó que la Corte de Santa Cruz debería ser la que tenga que resolver el conflicto”.
Dijo que no teme a ningún proceso judicial porque ha actuado de acuerdo a ley y dando cumplimiento a una resolución suprema que data del 2004 que señala que en caso de conflicto quien resuelve es la Corte del juzgado que primero conoció el caso.
Soza alista maletas
Traslado • El fiscal Marcelo Soza dijo ayer que de radicar la investigación del caso a Santa Cruz también tendrán que trasladar a los tres detenidos en La Paz: el húngaro Elöd Tóásó, el boliviano Mario Tadic y Alejandro G. Santiesteban.
También puede venir • Soza señaló también que de autorizarlo la Fiscalía General, él también tendrá que venir a Santa Cruz.
En Santa Cruz • El caso del atentado a la casa de Saúl Ávalos y a la del cardenal Terrazas era investigado por el fiscal Óscar Flores. Sobre el tema, el fiscal de Distrito de Santa Cruz, Jaime Soliz, se abstuvo de emitir alguna opinión hasta que la Corte Superior emita un pronunciamiento.
Implicados • En el caso están con arresto domiciliario en Santa Cruz los ex unionistas Carlos Gueder y Alcides Mendoza y los ejecutivos de la Fexpo, Mario Herrera y Roberto Justiniano y varios prófugos.
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