Contenido de la grabación clandestina de audio

El sábado último, en un desate de violencia verbal mayor contra medios de comunicación y periodistas que los que exhibe de ordinario en las cadenas radiales de esos días, el presidente de la República pidió la clausura definitiva del canal Teleamazonas por la difusión de un audio que capta la conversación del mandatario, la asambleísta del Partido Socialista Silvia Salgado y otros funcionarios sobre cambios hechos en la Constitución aprobada en Montecristi. El secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, rectificó ayer al presidente al puntualizar que Teleamazonas puede ser multado, pero no clausurado, porque no ha incurrido en una falta técnica, sino administrativa; no obstante, esto solo refrenda el irreflexivo apresuramiento del pedido de clausura que representa una nueva amenaza a la libertad de expresión.

El audio, que no fue grabado por el canal, ya se había difundido antes en YouTube y había sido entregado a la Fiscalía por Fernando Balda, un ex militante del movimiento AP y ahora opositor al Gobierno desde las filas de SP. De otro lado, no cabe argumentar que lesiona el derecho a la intimidad si el contenido remite a un tema de interés público -la alteración de artículos de la Constitución- y a un diálogo de dignatarios públicos. Este último

Asunto no debe evadirse tras el ruido de las amenazas, insultos y pedidos de clausura definitiva.

Tanto no se ha negado el contenido del audio que inclusive el presidente anunció enjuiciar a Balda por supuesto atentado contra la seguridad nacional, aunque no se conoce cómo y de quién obtuvo esa grabación clandestina. Ese contenido reactualiza una denuncia hecha antes de la adulteración de los textos constitucionales aprobados en Montecristi, denuncia presentada a la Fiscalía por ex vicepresidente de la República y asambleísta constituyente León Roldós. Una eventual acción de ese calibre reviste una gravedad bastante mayor que una supuesta falla administrativa.