Los escándalos generados o destapados por las grabaciones aparentemente clandestinas, que dan en los tiempos que corren, tienen planos que se ven y debaten, y otros que permanecen ocultos. Así ocurrió con los ‘pativídeos’, cuando nunca se investigó sobre a quién realmente se benefició, y ahora con las grabaciones en el despacho presidencial y en el caso Chevron.
En estos dos últimos quedan tras las bambalinas dos asuntos básicos. El primero es si en definitiva se modificó el texto constitucional aprobado por los constituyentes que elegimos y el segundo, si existió el supuesto intento de soborno a la transnacional petrolera, que involucraría a un juez y a personeros del partido gobernante. Dos asuntos muy graves en verdad, que si los actuales poderes del Estado fueran realmente independientes actuarían sin tardanza. Por un lado, podríamos haber aprobado una Constitución que no fue la que se elaboró y aprobó en Montecristi.
De ser así, estaríamos sometidos a una Ley de leyes ilegítima y subordinada a intereses que tendríamos derecho a calificar como extraños y ajenos a la voluntad popular.
El vídeo de Chevron también trasciende la supuesta violación de un reglamento gubernamental. Apunta a un posible caso de corrupción que, por la naturalidad’ con la que se desempeñaron sus protagonistas, podría ser la cabeza de un pestilente y letal tumor político y social. Las instituciones pertinentes deben actuar respecto a lo que está detrás del show actual, antes que alguna ‘pataleta’ sabatina lo borre de la memoria colectiva.
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