Uribe debe declararse impedido

La recusación es una herramienta jurídica que tiene como fin poner en evidencia ante las instancias pertinentes, que un funcionario público, como lo es el presidente de la nación, está impedido para decidir o expresar su opinión frente a determinado asunto por considerarse que de alguna manera podría existir un interés personal.

De esta forma, Reyes, en carta radicada ante la Secretaria Jurídica de la Presidencia y dirigida al propio mandatario, afirma que Uribe debe declararse impedido para sancionar la norma en tanto que él mismo no puede convertirse en juez y parte de una ley que además sólo lo beneficia a él en su intento de lograr una segunda reelección.

El congresista advierte que de no declarase impedido para sancionar la ley, el Presidente estaría incurriendo en una violación a varios artículos del Estatuto Único Disciplinario, los cuales indican que ningún trabajador al servicio del Estado puede tomar decisiones para su interés o beneficio personal, todo ello en aras de propender la ética, la moralidad, la trasparencia y la honestidad de las gestiones administrativas y políticas.

Para que el trámite del referendo siga su curso legal, la ley debe ser sancionada por el Presidente antes de pasar a la Corte, organismo que la revisa, en caso de que el proyecto sea declarado exequible volverá a las manos del Jefe de Estado, quien debe adelantar un decreto convocando a la consulta del referendo.

Sin embargo, ante el inesperado recurso usado por PDA, el procedimiento establece que en caso de declarase impedido el mandatario, sería entonces el Presidente del Congreso, Javier Cáceres, quien quedaría habilitado para hacerlo; no obstante, hay quienes consideran que éste también puede ser objeto de una recusación por pertenecer a Cambio Radical, partido que se ha declarado gobiernista.

Esta nueva “piedra en el zapato” que se le presenta al referendo, deja sin palabras a los senadores que no saben ahora quién pueda resolver la sanción del proyecto.

Con esta nueva acción, el PDA sigue en la “avalancha” de mecanismos a través de los que denuncia, desde hace varios meses, las ilegalidades y vicios de las que adolece el proyecto de ley en su fondo.