El Supremo revisa el 1 de octubre en vista pública las condenas por la privatización de la funeraria en Madrid
viernes 11 de septiembre de 2009, 19:47h
Actualizado: 12 de septiembre de 2009, 12:45h
El Tribunal Supremo revisará el día 1 de octubre en vista pública la sentencia que en junio de 2008 condenó al ex primer teniente de alcalde de Madrid, Luis María Huete. Este recibió dos años de inhabilitación por un delito de prevaricación, con la atenuante de dilaciones, como responsable de la privatización del 49 por ciento del capital de la Empresa Mixta de Servicio Funerarios del Ayuntamiento de Madrid a manos de Funespaña, cuya "gestión la adquirió por 100 pesetas" (0,60 euros).
Fuentes del alto tribunal señalaron este viernes que contra la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid presentaron recurso de casación el propio Huete y también los grupos municipales del PSOE e IU en el Consistorio madrileño, además del Ministerio Fiscal.
La Sala que deliberará sobre estos recursos está integrada por Carlos Granados, Julián Sánchez Melgar, José Díaz Delgado, Juan Ramón Berdugo y José Ramón Soriano, siendo el ponente de la resolución este último.
La Audiencia de Madrid absolvió a los ex concejales populares Simón Viñals y Antonio Moreno de los delitos de maquinaciones para alterar el precio de las cosas, prevaricación, malversación y tráfico de influencias de los que habían sido acusados al no quedar acreditada su comisión. La Fiscalía de Madrid solicitaba para los tres, 4 años y 10 meses de prisión, así como 24 años de inhabilitación para ejercer como cargo público.
Más implicados
También salieron bien parados el ex presidente de Funespaña José Ignacio Rodrigo y los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia, a quienes se les exonera de la comisión de varios delitos contra la Hacienda Pública, por haber prescrito su responsabilidad penal. Se pedía para ellos 18 años y siete meses por un amplio abanico de delitos.
El 'caso Funeraria' significó el mayor escándalo del mandato del ex alcalde José María Álvarez del Manzano. Los hechos se remontan al pleno municipal celebrado el 22 de diciembre de 1992 que aprobó la venta del 49 por ciento de las acciones de la funeraria municipal a Funespaña por su quiebra económica. La empresa la adquirió por un precio simbólico de 0,60 euros. La Fiscalía acusaba a Huete, Piñal y Moreno de hacer caso omiso de las advertencias del interventor municipal en contra de la adjudicación.
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