La guerra vuelve a Caja Madrid. Cuando todo parecía encarrilado con el pacto entre Esperanza Aguirre, CCOO e IU, y con el proceso electoral para elegir al sucesor de Miguel Blesa puesto en marcha con toda normalidad, el Ayuntamiento de Madrid anuncia que impugnará la nueva ley que rige la entidad.
Y la pelea es nada menos que por los
62 representantes que corresponden a la Casa Real y que la Corona cede (tradicionalmente no los designa) para que sean repartidos entre el resto de entidades representativas de los órganos de gobierno de la caja. Según la ley de 2003, éstos deben repartirse
a partes iguales entre todas las partes. La nueva en cambio, que es la que se ha aplicado al proceso electoral, perjudica directamente al Ayuntamiento (en realidad a todos los consistorios) establece que ese reparto sea únicamente entre la Asamblea de Madrid, las entidades representativas y los empleados, dejando fuera a las corporaciones locales.
Con esta ley, como ya ocurría cuando Gallardón la impugnó por primera vez, el Ayuntamiento vuelve a perder representación, por lo que el delegado de Hacienda,
Juan Bravo, aseguró este lunes a Europa Press que si la vía administrativa falla, se recurrirá sin más miramientos a los tribunales y al Constitucional. La decisión se tomará dependiendo de lo que decida el próximo jueves la
comisión de control en una sesión en la que se estudiarán las alegaciones jurídicas.
El Constitucional no se pronunció
El Ayuntamiento defiende que el reparto de consejeros de la Casa Real conculca la normativa nacional de cajas y que eso "no se ha corregido" a pesar de que ya se denunció en su día. La Comunidad contesta que es perfectamente legal y aún más: "Ninguna ley del sector económico
ha pasado tantos filtros".
El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, zanjaba así el tema este lunes después de una reunión con la patronal empresarial CEIM y la Cámara de Comercio. Beteta aseguró que el proceso electoral ha comenzado sin intervención de la Comunidad de Madrid y recordó que la ley
ya pasó sin consecuencias por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (
TSJM), que denegó al Ayuntamiento la suspensión cautelar de su aplicación. La misma también estuvo a punto de ir al Constitucional, y en efecto el Estado pidió que fuera sometida a examen, pero retiró la denuncia después de que el Gobierno de Esperanza Aguirre
se aviniera a hacer las modificaciones que el Ejecutivo le pedía. El equipo de Gallardón advierte que, por tanto, el Alto Tribunal no se ha pronunciado sobre la cuestión.
¿Fusión con una caja en quiebra?
Respecto a Caja Madrid, no sólo el Ayuntamiento podría ir a los tribunales. La Comunidad de Madrid está estudiando la legalidad del nuevo
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que cree invade sus competencias ya que el Ejecutivo podría no tener voto a la hora de fusionarse casi por obligación con una caja de otro territorio que atravesase graves dificultades económicas. Sobre el mismo, Esperanza Aguirre exigió este lunes tener voto en cualquier decisión al respecto: "Me parece que, si hay una caja que está quebrada, me parece muy bien que hay que ayudarla, pero al menos, quien tiene la competencia tendrá que opinar".
Si (
No(
