Instantes antes del comienzo de la segunda jornada del debate del estado de la región, que
Madridiario les ofreció en directo, Pérez anunciaba a los medios de comunicación que era partidario de extender el reconocimiento como autoridad pública del profesor a todos los niveles y tipos de enseñanza. Por ello, aseguró que su grupo buscará "la fórmula apropiada" para que los profesores tengan la misma consideración en la pública, la privada y la concertada. El PP quiere para ello
sentarse a la mesa con PSOE, IU, CC.OO. y UGT, pero tendrá que hacerlo también con los representantes las
empresas educativas privadas, ya que esta normativa se entrometería en su derecho a establecer su propio proyecto educativo.
La universalización de la ley de autoridad supone una modificación sustancial del anuncio que la propia Esperanza Aguirre había hecho sólo 24 horas antes. La Consejería de Educación arguía precisamente que no podía obligar a la enseñanza privada-concertada a adoptar determinado tipo de premisas para justificar que la ley se aplicase sólo a la pública. Hoy, según Pérez, "
no tiene sentido" sacar adelante la normativa si esta no llega por igual a todo el sistema educativo, para lo cual tendió la mano a oposición y sindicatos.
Sin recursos no hay negociación
Pero precisamente para PSOE, IU, CCOO y UGT, con quienes se pretende negociar,
tampoco tiene sentido que esta ley salga adelante si no lleva aparejados más recursos para los centros escolares, más formación para los profesores, una reducción drástica de la masificación en las aulas y un plan por la excelencia educativa y por el éxito escolar.
Así se lo habían reclamado Tomás Gómez, Gregorio Gordo, Javier López y José Ricardo Martínez a Aguirre el día anterior y también minutos antes de que el portavoz del PP le invitase a llegar a un acuerdo. Gómez (PSOE), tildaba la ley de "chapuza" antes de conocer la rectificación de la propuesta; Gordo (IU) exigía negociación;
y López (CCOO) y Martínez (UGT) recordaban que ellos mismos ya propusieron con la FAPA Giner de los Ríos una ley por la convivencia escolar en los mismos términos que ahora quiere aplicar el Gobierno regional y que fue "laminada" en su día por el PP. Aguirre, ya en el debate, les contestó que las palabras,
respeto,
disciplina ni
autoridad figuraban en esa iniciativa.
Si (
No(
