El Tribunal Constitucional, colapsado por la decisión sobre el Estatut

         La mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional han asumido ya la tesis de que el término 'nación', contenido en el Preámbulo del Estatut, no tiene valor jurídico, por lo que no hay mayor problema en aceptar la fórmula propuesta en el penúltimo párrafo del citado preámbulo, que dice: "El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad".

         A ese acuerdo se llegó antes del verano, después de muchos meses de discusión, y se limaban así las ásperas discusiones que entre magistrados se registraron por ese término, que es uno de los objetos del recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP. Ahora bien, la discusión en este punto se ha estancado porque el Estatut surgido del Parlament, 'limado' en las Cortes Generales y aprobado en referéndum incluye dos referencias más al concepto de 'nación catalana' en su articulado, y eso sí tiene valor jurídico.

         En concreto, en el Artículo 1 se afirma que "Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica". En su artículo 8.1, al referirse a los "Símbolos de Cataluña", el Estatut mantiene que "Cataluña, definida como nacionalidad en el artículo primero, tiene como símbolos nacionales la bandera, la fiesta y el himno".

         Esos dos artículos, precisamente, al estar referidos a la definición de 'nación' contenida en el Preámbulo, han originado tal discusión, que la ponente, la magistrada progresista Elisa Pérez Vera, no ha conseguido consensuar una fórmula aceptable, ni siquiera ha conseguido apoyos de la mayoría de los magistrados para sacar adelante su ponencia. Los trabajos, por tanto, han quedado bloqueados.

         El problema, según medios jurídicos, es que si se declaran inconstitucionales las referencias 'nacionales' se crea un enorme problema de ilegitimidad para determinadas instituciones catalanas que utilizan ese concepto para su denominación, tales como la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya o como la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) y otras similares.




Pérez Vera, incapaz de consensuar

         La discusión afecta, igualmente, a los "derechos históricos" y a los "símbolos nacionales" contenidos en el Estatut, en los que se mantienen las posiciones radicalmente opuestas.

         La ponente de la sentencia principal, Elisa Pérez Vera, se fue a finales de julio con más de un millar de folios plagados de anotaciones para rehacer su 'tercer' proyecto de sentencia, pero ha vuelto de vacaciones sin conseguir el quórum necesario para que el recurso del Partido Popular sea replicado con una sentencia 'presentable'.

         Aspectos como los anteriormente reseñados -uso de 'nacional', 'derechos históricos', 'símbolos nacionales' u obligatoriedad del catalán- pueden conseguir un voto negativo a las tesis de la ponente de 6 a 4, dado que a la oposición frontal del núcleo conservador, es decir, los magistrados Guillermo Jiménez, Javier Delgado, Vicente Conde, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez Zapata, podría unirse algún progresista como Manuel Aragón, consciente de la problemática jurídica que origina el uso del término 'nacional' en el articulado.




La maniobra conservadora

         Así las cosas, dado que las aguas bajan tan revueltas, el sector conservador, capitaneado por el magistrado Jorge Rodríguez Zapata, ha iniciado una maniobra envolvente tendente a darle la vuelta al orden de discusión de los recursos de inconstitucionalidad presentados. Puesto que Elisa Pérez Vera se ve incapaz de conseguir una sentencia consensuada para el recurso planteado por el PP -primero que debería ser sentenciado-, proponen que se vea ante el recurso planteado por el Defensor del Pueblo, que en principio conlleva una menor problemática.

         Pero ese planteamiento conlleva una trampa: el ponente de ese recurso es precisamente Rodríguez Zapata, y dado que hay quórum para aceptar las tesis del Defensor del Pueblo -constituyen un 'capítulo menor'- aprovecharían para fijar 'doctrina' y condicionar así las sentencias de los demás recursos interpuestos contra el Estatut.

         Por ejemplo, podría haber acuerdo en materia de justicia; en concreto, a lo referido a la regulación del Consejo de Justicia de Cataluña, que impugnan tanto el PP como el Defensor del Pueblo por ser "órgano de gobierno" del Poder Judicial en Cataluña y "órgano desconcentrado" del Consejo General del Poder Judicial, Pero, claro, todo el mundo es consciente de que el patrón que se apruebe para Cataluña será el que copiarán las demás autonomías.

         No parece, por tanto, que triunfe la maniobra del sector conservador, pero la sentencia sobre el Estatut se retrasará mucho más de lo previsto.