Con su proyecto de ley, Kirchner se carga de un plumazo las líneas rojas de las empresas españolas Prisa y Telefónica. En juego hay un negocio sólo en banda ancha de 1700 millones. El malhumor del sector augura una huida de capitales que dejaría a Argentina ‘con el culo al aire’ en materia de telecomunicaciones.
La iniciativa, una de las más importantes apuestas del Gobierno de Cristina Fernández, pretende sustituir a la legislación vigente desde la última dictadura militar (1976-1983)
Los temas que levantan más ampolla son: no permite a las compañías tener cable y televisión abierto al mismo tiempo; se impone la adjudicación de licencias a los medios cada dos años y no respeta las otorgadas que vencen dentro de diez; obliga a los medios audiovisuales a distribuir una producción nacional obligatoria superior al 60 por ciento y establece que los únicos medios que podrán llegar a varias regiones con contenidos de alcance nacional serán los del Estado en detrimento de los privados. Por último impone una participación nacional en el accionariado de las empresas del 70 por ciento. De este modo deja fuera distintos medios cuya titularidad ostentan hoy tanto Teléfónica de España como el Grupo Prisa, que dispone de 10 licencias de radio.
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