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La Cañada necesita más tiempo para llegar a un acuerdo entre administraciones

miércoles 23 de septiembre de 2009, 17:34h
El Consejo Económico y Social (CES) ha recomendado a la Comunidad de Madrid que se establezca un "mecanismo flexible" en relación al plazo establecido de dos años para lograr un acuerdo de contenido social entre administraciones en la Cañada Real Galiana, que permita su ampliación "en función de situaciones de carácter excepcional".
El borrador de Anteproyecto de Ley para la Cañada, que se aprobó en Consejo de Gobierno, establece que transcurrido un plazo de dos años, la Comunidad podrá realizar los trámites para "enajenar los terrenos desafectados, cederlos a los ayuntamientos en cuyo término municipal se encuentran o a terceros, permutarlos o llevar a cabo cualquier otro negocio jurídico permitido por la Ley de Patrimonio".

El CES, en su informe preceptivo no vinculante, recoge así una excepción ante las protestas mostradas por los tres ayuntamientos afectados (Madrid, Coslada y Rivas). Estos denunciaron sentirse "engañados" por la Comunidad, y recalca la importancia de llegar a un acuerdo entre las distintas administraciones públicas afectadas y competentes. Además recomienda "continuar en la búsqueda del más amplio consenso posible".

En este sentido, el CES recomienda que el acuerdo marco de contenido social contemple entre sus objetivos la igualdad de oportunidades, en el marco del Estado de Derecho, y el beneficio del conjunto de la sociedad madrileña. Asimismo, sugiere al Gobierno regional que considere la participación de los agentes sociales en el proceso de elaboración del acuerdo. 

Por otra parte, el Consejo también aboga por que las administraciones públicas competentes procuren considerar la recuperación medioambiental de los terrenos implicados, en especial los colindantes con el Parque Regional del Sureste.

Consorcio sindical
Por otro lado, el Grupo Sindical en el Consejo Económico y Social (CES) abogó este miércoles por la creación de un consorcio en la Cañada Real Galiana con participación de las administraciones afectadas y de los agentes sociales, así como por la prevalencia de la "funcionalidad ecológica" de los terrenos, como establecen las leyes estatales y regionales sobre vías pecuarias.

Esa recuperación ambiental prevalecería donde fuera factible y cuando la intervención social no lo desaconseje, según apuntaron los sindicatos. Además subrayaron la necesidad para que, "con la mayor brevedad posible", se proceda a la intervención social en el entorno con el fin de resolver su "compleja problemática social".
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