En la capital hondureña, un operativo policial con más de 200 efectivos se apostaron a ambos lados de la calle de la Universidad Pedagógica, lugar habitual del comienzo de las marchas desde el derrocamiento de Zelaya, hace hoy tres meses, impidiendo el movimiento de cientos de manifestantes.
El operativo incluye un helicóptero y un carro antidisturbios con cañón de agua que ha sido desplazado hasta la zona.
"Está ocurriendo lo mismo en todo el país, se le está impidiendo a la gente que salga a manifestarse", dijo a los periodistas el dirigente campesino Rafael Alegría, uno de los líderes del Frente.
Alegría aseguró que los manifestantes permanecerán en el lugar, a donde comenzaron a llegar a las 06.00 hora local (11.00 GMT) y "no se moverán de la Universidad Pedagógica porque este ha sido el punto de partida de las marchas de resistencia".
El dirigente pidió a la comunidad internacional "menos declaraciones y más acciones" para solucionar la crisis que vive el país desde junio, agudizada tras la llegada al país de Zelaya, que el lunes pasado apareció en la embajada de Brasil en Tegucigalpa.
Algunos de los manifestantes mostraron cintas adhesivas en la boca con la palabra Honduras, en referencia al cierre hoy del Canal 36 de televisión (Cholusat Sur) y la emisora Radio Globo, únicos medios hondureños que difundían información favorable a Zelaya.
El Frente también divulgó hoy un comunicado en el que condena y rechaza "enérgicamente el cobarde asalto armado que ejecutó el régimen de facto contra las instalaciones de Cholusat Sur Canal 36 y Radio Globo, medios de comunicación independientes que han acompañado la lucha contra el golpe de Estado".
Asimismo, los líderes del Frente exhortan al pueblo hondureño en resistencia a no dejarse "atemorizar por las acciones ilegales del régimen golpista, que intenta a toda costa paralizar la lucha popular para consolidarse en el poder y continuar con el desprecio explotación y humillación" a los hondureños.
El Gobierno de facto de Honduras suspendió durante 45 días las garantías constitucionales, según un decreto publicado este fin de semana, que restringe las libertades de circulación y expresión, y prohíbe las reuniones públicas, entre otras medidas.
Además, ordena el desalojo de toda institución pública tomada por manifestantes, el cierre de medios de comunicación que "ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos o atenten contra la ley" y la detención de personas que sean consideradas sospechosas.
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