La izquierda parlamentaria, los sindicatos y las organizaciones de autónomos llevan meses pidiendo al ICO que se convierta en un banco público en estos momentos de cierre del grifo crediticio. La entidad presidida por José María Ayala lo ha descartado por tratarse de una solución que no resultaría operativa "en un tiempo razonable" para contribuir a que se agilice el flujo de crédito.
Sin embargo, el organismo estudia nuevos canales de distribución del crédito que se sumen a los que actualmente proporcionan los bancos y las cajas de ahorros. El sucesor de Aurelio Martínez cree que ese papel lo podrían realizar "los institutos de crédito en las comunidades autónomas y otras instituciones".
Ayala reconoce que es "el gran paso a dar", y así lo ha comunicado a los grupos parlamentarios. Ante "la situación actual de presión del crédito hay que estudiar todas las posibilidades".
El presidente del ICO ha desechado la posibilidad de que el instituto abra oficinas para canalizar sus propias líneas de crédito, pero no descarta internet como canal alternativo, aunque en un medio plazo.
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