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Tratando de dejar el alcalde al margen del escándalo

Gómez de Celis toma las riendas del 'Caso Mercasevilla'

Gómez de Celis toma las riendas del "Caso Mercasevilla"

El pliego de la venta de terrenos de Mercasevilla tenía una cláusula cambiada y la firma falsificada

El escándalo Mercasevilla le está complicando el mandato a Sánchez Monteseirín quien no ha querido o no ha podido "dasactivar" un caso que, conforme avanzan los días, está sacando a la luz más y más documentos que dejan bien a las claras los manejos sobre la irregular venta de los terrenos de la empresa municipal. Ayer, el PP volvía a mostrar un pliego de condiciones que había sido manipulado descaradamente y falsificada una firma, y tuvo que ser el teniente de alcalde y delegado de Presidencia, Gómez de Celis, quien tomara cartas el el asunto.

Todo parece indicar que, ante la falta de iniciativa del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, va a ser el PSOE quien se haga cargo de todos los pormenores que rodean al "Caso Mercasevilla", un escándalo cuyas proporciones no hacen sino aumentar y que amenaza, incluso, con que Monteseirín no acabe su mandato. El hombre fuerte del partido en el Ayuntamiento, que suena también como posible candidato para sustituir a Monteseirín, Alfonso Rodrígue Gómez de Celis, decidió en el Pleno municipal tomar las riendas del caso y enviar a la jueza Mercedes Ayala, un pliego de condiciones de la venta de los terrenos de Mercasevilla, que había sido falsificado. La decisión, en contra de la postura de algunos concejales socialistas, parece dar un rumbo nuevo en el seno de la coalición de Gobierno que puede dejar "tirados" tanto al alcalde como al portavoz de IU, Antonio Rodrígo Torrijos.

El pliego de condiciones para la venta de los terrenos de Mercasevilla que se incluyó en el expediente para la convocatoria del concurso que se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento del 15 de diciembre de 2005 fue retocado con respecto al que se usó para dirimir el ganador, aprobado 15 días antes por el Consejo de Administración de Mercasevilla. Lo que todos los partidos políticos aprobaron, por tanto, no se corresponde exactamente con lo que después rigió las bases del concurso. Y los cambios afectan a dos aspectos clave. Por una parte, la cláusula en la que se especifican las «cargas reales y condiciones urbanísticas» indica, en la versión aprobada por el Consejo de Administración y que se aplicó a los postores, que «la finca descrita de la que es titular Mercasevilla carece, al día de la fecha, de carga real alguna». En cambio, en el texto que se llevó al Pleno se instaba en este apartado a «relacionar las cargas reales existentes, incluyendo en ellas los derechos de superficie aunque no estén aún inscritos», como ocurría con la empresa Sanma, que tenía dichos derechos sobre ese suelo aunque aún no los había registrado. Esa cláusula afecta directamente a una de las que está investigando la jueza Mercedes Alaya, concretamente la que premia con hasta diez puntos la «titularidad previa de derechos sobre los propios terrenos a enajenar», algo de lo que sólo se podía beneficiar la filial de Sando, que obtuvo siete puntos, pero que las otras empresas postoras no pudieron conocer a la hora de presentar sus ofertas porque en el pliego que se publicó se ocultaba este dato —«carece de carga real alguna»—.

Asimismo, a este retoque sustancial hay que sumar otro no menos relevante. El pliego ratificado por el consejo de administración de Mercasevilla lleva la firma del presidente de esta empresa, el entonces concejal socialista Gonzalo Crespo. El que fue al Pleno municipal, en cambio, tiene una rúbrica claramente distinta a la de Crespo y está encabezada con el rótulo «Presidente de Mercasevilla», aunque no aparece su nombre. Estos dos retoques, que fueron denunciados ayer por el PP en el Pleno, donde incluso su portavoz, Juan Ignacio Zoido, llegó a pedir la dimisión del alcalde, podrían probar que el concurso para la venta del suelo estuvo amañado y que se trató de avalar con la aprobación de los cargos municipales en el Pleno del 15 de diciembre de 2005. El PP, que votó a favor, se defendió de la acusación por parte de la portavoz del Gobierno municipal, Maribel Montaño, de que «fue colaborador necesario en el caso de que exista un delito», alegando que el punto que se votó no fue la aceptación del pliego de condiciones, sino la concesión de la autorización a Mercasevilla para proceder a la convocatoria del concurso público para la venta de sus terrenos.

A este respecto, el delegado de Presidencia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, admitió que «si estos pliegos son ilegales nos sentiremos todos engañados». Y pese a que su compañera Montaño se empeñó en justificar la diferencia aduciendo que «no se ha cambiado nada sustancial, salvo que un texto tiene partes en letra negrita y otro no», Celis tomó la determinación de ordenar a la jefatura de servicio de la Alcaldía que «envíe al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla el expediente 114/05», que es el que incluye el pliego retocado. Porque el delegado de Presidencia recalcó que «no tenemos cada que temer y queremos que se llegue hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga».

No obstante, hay otro dato clave en este posible «cambiazo» del pliego de condiciones. El texto definitivo fue aprobado por la comisión ejecutiva de Mercasevilla —compuesta por Gonzalo Crespo, Antonio Rodrigo Torrijos, Fernando Mellet, Jorge Piñero, Domingo Enrique Castaño y un representante de Mercasa— el 8 de noviembre, según se reconoce en las actas del consejo de administración del día 30 de ese mes. Sin embargo, Regla Pereira, directora de proyectos de Mercasevilla, envió un correo electrónico el día 10 a la técnico de Urbanismo Mariví Bustamante firmado por el gerente del mercado central de abastos, Fernando Mellet, en el que se le daban instrucciones «para la elaboración de la propuesta técnica y económica». Los tres participantes en aquel cruce de correos están hoy imputados.

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