El Gobierno reprocha al PP que no apoye la Ley de Extranjería

En declaraciones a los medios tras el debate en el Pleno de las enmiendas vivas al texto de reforma, Rumí lamentó que "ésta era una gran oportunidad" para haber conseguido dibujar un Pacto de Estado de Inmigración con el principal partido de la oposición, "sobre todo porque las dos razones por las que no se adhiere el PP (...) son evidentemente para no apoyar esta ley".

   En este sentido, explicó que el Grupo Popular impuso como "dos condiciones" la prohibición expresa en la ley de las regularizaciones masivas y la incorporación de un contrato de integración para los extranjeros recién llegados.

   Sobre el primer asunto, Rumí señaló que "no es necesario" porque ya que la ley "está impregnada totalmente por el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, si en algún momento se planteara cualquier tipo de regularización habría que hacerlo como en la ley aparece, es decir, caso a caso, teniendo en cuenta las situaciones y (...) dentro de los parámetros de la UE".

   En cuanto al contrato de integración, la secretaria de Estado incidió en que la reforma va a permitir que "se valore el esfuerzo que haga una persona por integrarse" y va a "poner en marcha los mecanismos" para hacer esta integración posible.

   No obstante, otro de los temas que más críticas han suscitado en el PP es la posibilidad que recoge la ley de que las comunidades autónomas negocien bilateralmente acuerdos con los países de origen de la inmigración. "La competencia en el retorno de menores extranjeros no acompañados la tiene el Gobierno de España, pero no vamos a impedir porque además, ya se está haciendo, que los gobiernos autonómicos establezcan acuerdos de colaboracion para formación o para crear centros de acogida", señaló Rumí.

   En cuanto a la potestad que también reconocerá la nueva Ley de Extranjería a las autonomías para transferir la tutela de estos menores a otras regiones o fundaciones y ONG, la secretaria de Estado incidió en que se trata de dar "el mismo" tratamiento a los niños migrantes que a los españoles, porque, según aseguró, la legislación actual ya permite esta práctica para los menores nacionales.