La defensa de los padres acusados de violar a sus hijos disminuidos pide que se les absuelva

Así lo declaró a los periodistas la letrada Rosa Jiménez antes de que comenzara en la Audiencia Provincial de Madrid a puerta cerrada el juicio al matrimonio y a un ex vecino suyo, para quien el representante del Ministerio Público reclama 32 años y 9 meses de prisión.

Jiménez explicó que sus patrocinados "no conocían los hechos" y aseguró que el retraso mental de los niños "resta credibilidad a sus declaraciones", que son "muy confusas y contradictorias".

Según la abogada, "la niña no incriminó a los padres durante su declaración ante el juez, sino que sólo acusó al vecino", y "el incidente de la Casa de Campo -donde presuntamente el padre mantuvo relaciones con una prostituta delante de los niños para incitarlos a que mantuvieran relaciones entre sí- es algo que dicen en el centro de menores que ha contado el niño, pero no se ha corroborado en presencia judicial".

En el caso de la madre, para quien la Fiscalía solicita 27 años de cárcel por entender que concurre una circunstancia atenuante al padecer un "retraso mental ligero que debilita su capacidad de comprensión y voluntad", la defensa pedirá la eximente porque "su minusvalía es muy grande", y "necesita una incapacitación, porque tienen que ayudarla hasta a vestirse".

El fiscal considera que Mariano F., de 77 años y ex vecino de la familia, es autor de dos delitos continuados de violación y de uno de corrupción sexual contra los niños, además de otro delito por intento de agresión sexual a otra menor en mayo de 2004, por lo que solicita para él un total de 32 años y 9 meses de cárcel.

Simón G.V. es considerado autor de dos delitos continuados de violación y de otros dos de corrupción sexual contra sus hijos, por los que el Ministerio Fiscal pide para él 36 años de prisión.

Además, pide para los tres procesados que se les prohíba comunicarse y aproximarse a las víctimas y regresar al lugar de los hechos durante diez años, y para los padres, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad durante seis años. La acusación particular pide idénticas penas que la Fiscalía para los tres procesados, quienes se encuentran en libertad.