Alexis Mera, asesor jurídico de la Presidencia y cercano colaborador del primer mandatario, en entrevista con a este Diario, aseguró que la mayoría de jueces, sobre todo los del área penal, son unos delincuentes porque liberan a delincuentes. Una afirmación tan general poco ayuda para que la propia Función Judicial tome medidas para su depuración. Si no se concretan nombres y los hechos para tan grave acusación, esta equivale a un tiro al aire y puede pasar inclusive como una forma de amedrentar a los jueces, cuando se hallan de por medio denuncias de corrupción del hermano del presidente Correa contra funcionarios del entorno íntimo del mandatario, como los hermanos Alvarado, Ricardo Patiño y el mismo Mera.
La depuración judicial es una necesidad, pero no procede hacerla desde las instancias políticas, y es un proceso que, para impulsarse, exige contar con mecanismos desde dentro de la Función Judicial, no solo de control administrativo, sino de evaluación de las obligaciones que cumplen los jueces y magistrados.
No ha ayudado a mejorar la Función Judicial el tratamiento que dio la mayoría gubernamental en Montecrisi a la terminación de los períodos de los 31 magistrados de la ex Corte Suprema de Justicia y el nombramiento, por una tómbola, de la nueva Corte Nacional de Justicia, con carácter transitorio.
Todavía se halla sin completar el proceso previsto en el régimen de transición para la conformación de la corte y la organización de las cortes provinciales y los tribunales distritales y penales. Las fallas en funcionamiento de ciertos juzgados de primera instancia tienen su origen en el hecho de que están llenos de jueces temporales, interinos y suplentes que, por esa condición, buscan asegurarse en el cargo complaciendo a las autoridades.
El que el poder político metas sus manos en la Justicia ha sido el caldo de cultivo de la corrupción y el mayor obstáculo parta la depuración judicial.
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