El Consejo General del Poder Judicial es el gobierno de los jueces. Su presidente, Francisco Hernando, un facha de tomo y lomo, también lo es del Tribunal Supremo. En la actualidad, la situación de renovación de este órgano está bloqueada por el PP. Hernando y los actuales consejeros son “okupas” interesados en seguir porque así lo quiere el PP por una parte y porque a ellos no les amarga nada el dulce de continuar en la poltrona.
En su día tuvimos la posibilidad de proponer a Adrian Celaya, a Wenceslao Díaz Argal y a Emilio Olabarria que allí estuvieron por espacio de cinco años llevando la voz del pepito grillo vasco en aquel estanque de cisnes españoles y algún que otro catalán.
Pero ahora, el PP no quiere ni eso. Ya en su día le vetó a Margarita Uria para el cargo a cuenta de que era política. Ese dato no había contado para el caso de Emilio Olabarria ni de muchos otros. Además, no hace falta tener carné del PP, para ser un super facha del PP, como es el actual presidente Francisco Hernando, aquel que me dijo en una entrevista que Franco era un hombre sensible a la justicia.
Ahora PP se niega a dar cabida a sensibilidades nacionalistas en el Consejo General del Poder Judicial, tal y como le propuso el PSOE. El primer partido de la oposición recibió el 30 de marzo una oferta del Grupo Socialista para desbloquear la renovación de este órgano, pendiente desde noviembre. Su portavoz, Diego López Garrido, trasladó a Eduardo Zaplana su disposición a renunciar a la mayoría a cambio de que los populares acepten quedarse sin la minoría de bloqueo de que ahora disponen.
La propuesta socialista abriría las puertas a formaciones como el PNV o ERC, que podrían elegir sus vocales; un paso que el principal partido de la oposición no está dispuesto a dar. Zaplana alegó que no es partidario de «los repartos» y «menos de las imposiciones de quienes discuten la legitimidad de estos organismos en sus comunidades autónomas», en referencia a ERC. ¡Vaya demócrata!
Aun así, mostró su disposición a reunirse con su homólogo socialista para estudiar una salida y expresó su coincidencia en que es necesario alcanzar un acuerdo para la renovación de este órgano, aunque recordó que, en anteriores ocasiones -como en 1996-, este relevo costó ocho meses de negociaciones. El dirigente popular subrayó que comparte algunos aspectos de la oferta del PSOE, en concreto, la de dar mayor protagonismo en el Poder Judicial a las asociaciones de magistrados.
Los socialistas, por su parte, creen que además de la Asociación Profesional de la Magistratura, de carácter conservador, y Jueces por la Democracia, progresista, deben tener representación agrupaciones como la Francisco de Vitoria, de corte moderado.
El CGPJ está formado por veinte vocales que las Cortes Generales eligen por un período de cinco años. Los grupos parlamentarios tienen potestad para proponer a ocho, siempre que sean abogados y juristas con al menos quince años de ejercicio. Los otros doce también son elegidos por una mayoría de tres quintas partes del Parlamento, pero a partir de una lista de candidatos elaborada por las asociaciones de jueces y magistrados y a la que pueden incorporarse aspirantes no asociados en caso de recabar el aval suficiente. Hasta ahora, lo habitual era que las dos agrupaciones mayoritarias se llevaran el gato al agua. En cuanto al reparto parlamentario, la mayoría de vocales suelen ser elegidos por el partido en el Gobierno. He aquí la independencia judicial. La fuerza política en la oposición designa un número importante y dos puestos más recaen en las minorías. De esta manera, el actual consejo está formado por nueve vocales afines al PP (faltan dos: uno fallecido y uno jubilado), seis elegidos por los socialistas (se fue uno que no ha sido sustituido); uno por IU, otro por CiU y otro más de consenso entre PP y PSOE. De ahí, que la oferta de Garrido suponga al PSOE lo que ellos consideran una renuncia. Como si los puestos fueran suyos.
Los populares, sin embargo, no lo entienden así. El impresentable secretario de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, desenterró una propuesta lanzada por su partido en 1995 y que, sin embargo, no sacó adelante cuando estuvo en el Gobierno: que sean los jueces los que elijan a sus representantes en el CGPJ «sin que metan las manos en el asunto los políticos». Como lo que decía Franco. Esta fórmula dejaría para el Parlamento sólo la designación de ocho vocales: cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, tal y como señala la Constitución.
Astarloa defendió que ése sería el mejor modo de que se deje de hablar de que «unos u otros intentan controlar el poder judicial», pero se mostró escéptico sobre la voluntad del Gobierno de abordar la reforma legal que permita efectuar el cambio.
Ya ven ustedes. Astarloa, el letrado de las Cortes, el hombre que pasó del PNV al PSOE y de aquí al PP, cierra las puertas a Margarita Uria o a cualquier otro candidato propuesto por los nacionalistas. Su razón: “Son políticos y además nacionalistas. Les podemos juzgar pero no les queremos en este corralito. Es nuestro. Esto es España”.
Cuando digo y repito que éste es uno de los mayores sinvergüenzas que tiene la política española me quedo corto.
Multiplique por diez lo odioso que es este personaje que mintió con el 11M y acertará. Pero así funciona la política española. Un reparto a dos.
¿Y la independencia judicial?
Bien, gracias.
Si (
No(
