Los últimos días , se han registrado en Quito hechos delictivos que han causado explicable alarma social. Semanas atrás, en Guayaquil, se sintió también el violento azote delictivo: la percepción de inseguridad ciudadana se fundamenta en que se incrementa el número de homicidios, secuestros, audaces asaltos, robos de vehículos y otros delitos contra personas y bienes. Además, se extienden hechos delictivos como el narcolavado, con peligrosa penetración en diversos estamentos de la sociedad.
En marzo de 2008, el Gobierno anunció un plan de seguridad ciudadana, para el que destinó $320 millones, de los cuales, $170 millones se entregaron para equipamiento policial.
Aunque han transcurrido más de 20 meses de ejecución del plan, las autoridades no rinden cuentas a la ciudadanía ni exhiben todavía resultados.
El pasado 30 de septiembre, el Gobierno decretó estado de excepción en Quito, Guayaquil y Manta, con el fin de combatir la ola delictiva. Los 60 días de prolongación de la medida están por concluir. El decreto ha posibilitado el apoyo militar a la Policía en operaciones conjuntas de control. Sin embargo, este tipo de medidas coyunturales son poco eficaces.
Pese a la inversión en el plan de seguridad y al estado de excepción, si nos atenemos a los hechos recientes que han conmovido la opinión ciudadana, continúa la misma violencia delictiva. El enfoque puramente represivo no garantiza que se mejoren los niveles de seguridad pública. Es necesaria una política integral de seguridad ciudadana, en la que se contemple no solo el papel de la Policía, su equipamiento y su formación profesional para el cumplimiento de las obligaciones constitucionales que garanticen la seguridad interna, sino una política de seguridad que comprenda la reforma al sistema de justicia penal, la actuación a tiempo de jueces y tribunales y la situación penitenciaria en el país.
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