“Internacionalmente se habla de la inviabilidad del Estado colombiano”

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos observar como una vez más Uribe saca su extenso léxico y descalificadora prosa en contra de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en un enfrentamiento que ha contado con varios episodios y que ahora se reaviva tras cerca de tres años de historia.

En esta ocasión, la disputa se originó el pasado mes de julio, cuando el entonces Fiscal, Mario Iguaran Arana, terminó su periodo y dejó  la institución en manos del vicefiscal, Guillermo Mendoza Diago.

 Para aquel entonces, el Ejecutivo ya había presentado la terna para la elección del funcionario; sin embargo el desacuerdo ha encontrado su nido en el hecho de que la CSJ argumentara que ésta debía ser remplazada por ser inviable y el presidente Uribe se ha negado argumentando que es viable.

Desde entonces, el país ha tenido que asistir a un espectáculo de presiones, quejas, retos y demás argucias desde ambos “bandos”, que han derivado no sólo en el empeoramiento de una crisis institucional sino en el atraso de numerosas e importantes investigaciones por parte de la Fiscalía, dentro de las que se encuentra las supuestas escuchas ilegales del Departamento Administrativo de Justicia, DAS, y las acusaciones contra los hijos de Uribe por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.


El empeoramiento de la crisis

Tras cerca de cuatro meses de vaivén, la discusión entre ambas instituciones empezó a subir de tono cuando el Gobierno emitió un comunicado en el que acusa de mentir al presidente de la Corte, Augusto Ibáñez, y cuestiona su idoneidad para "administrar justicia".

"Si el presidente de la CSJ miente, ¿qué se puede esperar de su tarea de administrar justicia?", expresa el documento del Gobierno, que además acusa a Ibáñez de "faltar a la verdad públicamente sobre lo trascendido en reuniones anteriores" con Uribe sobre una materia "tan delicada" como es la elección del nuevo Fiscal General.

Según Uribe, Ibáñez le aseguró durante su último encuentro que con la reciente recomposición de la terna, motivada por la renuncia de uno de los candidatos, quedaba resuelto el problema, algo que el magistrado niega.

Ibáñez, por su lado, insiste en que la terna sigue siendo "inviable" y ha denunciado en los últimos días el "asedio" al Supremo para que elija cuanto antes al reemplazo de Iguarán.


Las propuestas de solución

Ante la preocupación por la situación de incertidumbre que se vive, se han planteado dos propuestas de solución. Por una parte se encuentra el llamado que el pasado domingo 22 de noviembre el diario El Tiempo realizó en su editorial, al solicitar la intervención del Procurador General, Alejandro Ordoñez, para que oficiara como arbitro entre ambas ramas de poder con el fin de que se solucione el enfrentamiento.

De esta forma, Ordoñez ha señalado que si ambas partes aceptan su intervención emprenderá dicha labor como un asunto de "urgencia nacional y un deber institucional que no puedo soslayar”, pues considera que, "en la historia reciente del país, en muy pocas oportunidades los intereses de la sociedad se habían visto tan comprometidos como en las actuales y bien conocidas tensiones institucionales".

Así mismo, Ordóñez aseguró que se puede o no estar de acuerdo con las posiciones de las partes, pero que más allá de tomar partido a favor de uno y otro, "la prudencia exige reconocer la gravedad del momento".

El Procurador se mostró muy preocupado por la lesión que este llamado "choque de trenes" tiene en la vida institucional del país y resaltó que "en muchos escenarios internacionales se empieza hablar de la inviabilidad del Estado colombiano, desde luego que no referido exclusivamente al tema del Fiscal, pero sí lo incluyen como uno de los hechos traídos a colación para fundar tamaña aseveración".

Por otra parte se encuentra la propuesta del senador Alfonso Núñez, que establece que a través de un proyecto de acto legislativo sea revisado "el andamiaje constitucional para definir con claridad qué funciones tiene ambas ramas… para que así ninguna de éstas puede salirse de la idea de cumplir a cabalidad lo que le corresponde… y logren su total equilibrio".

Según Núñez, la base fundamental de la democracia y la sociedad son las ramas del poder, y éstas en la actualidad no han definido funciones. "Hay que hacer esfuerzos para evitar que cualquier situación se pueda interpretar como choque de trenes independiente de quien tenga la razón".

El llamado del Senador conservador es para que el proyecto de reforma sea concertado con el Gobierno, el Congreso y las mismas Altas Cortes.


Las reacciones

El presidente del sindicato de trabajadores del sector judicial (Asonal Judicial), Fabio Hernández, afirmó que es el presidente Uribe quien está prevaricando al no seleccionar candidatos idóneos para la terna de aspirantes a suceder a Mario Iguarán Arana.

"Nos parece que esto coloca al Presidente de la República en la frontera del delito de prevaricato por omisión, porque está incumpliendo su obligación de nombrar una terna idónea. La constitución y la ley no le dicen que postule cualquier nombre", indicó.

El líder sindical indicó que a pesar de que el primer mandatario de los colombianos insiste en que es la Corte Suprema la que ha faltado a su palabra, no hay ninguna evidencia que lo demuestre, pues la colegiatura siempre ha mantenido una posición invariable frente a la inviabilidad de los tres candidatos y no sólo uno de ellos.

Fabio Hernández insistió en que el jefe del gobierno ha seguido demostrando con su actitud que no respeta la independencia de los poderes, que son la base de cualquier estado moderno, por cuanto solicitó una urgente solución a esta problemática que pone en riesgo la estabilidad misma de la institucionalidad.

Finalmente, precisó que no prevé que la mediación de la Procuraduría pueda generar algún tipo de acuerdo, toda vez que el jefe del ministerio público, Alejando Ordóñez, en ocasiones anteriores ha demostrado su falta de independencia frente a decisiones que afectan al gobierno.