Así lo ha anunciado la abogada que los representa, Paloma Revenga, quien ha adelantado que el miércoles presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) un recurso de súplica en el que se alega que la orden de derribo "ignora parcialmente" ese plan.
Antes de la manifestación, convocada para las 12.00 horas por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), se ha celebrado una reunión en la que su presidente, Antonio Vilela, ha mostrado su "sorpresa total" por este nuevo auto, el decimotercero desde la denuncia de ARCA contra esta urbanización.
En su auto, el TSJC daba al alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, un "plazo improrrogable" de 15 días para que haga cumplir la sentencia de derribo que pesa desde hace siete años sobre esta urbanización de 17 chalés de la playa de Cerrias, en Liencres.
A juicio de la letrada de los propietarios, la orden del TSJC no es "muy coherente" con el Plan del Gobierno regional ya que, según ha dicho, parece haberlo "obviado".
Además de este recurso, una herramienta "puramente formal" que no "atiende el fondo" del asunto, ha expuesto ante los asistentes -en gran mayoría, afectados por los derribos- la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia).
Los detalles se expondrán en una reunión convocada el jueves, a partir de las 20.00 horas, en el Centro Cívico de Liencres, que ha sido también sede del encuentro de este lunes.
El presidente de AMA, Antonio Vilela, ha reconocido que no esperaba el auto del TSJC para "Cerrias I" sino, más bien, una "solución global" de este tribunal para todas las sentencias de derribo de Cantabria, sin centrarse en ninguna.
Además, Vilela, "indignado totalmente" con las conclusiones del TSJC, ha reconocido no entender que un Plan de Acción que tiene el "visto bueno" del Gobierno de Cantabria y que ha sido "estudiado jurídicamente" para que su aplicación no conlleve "ningún problema", luego "no valga" a los jueces.
Ha señalado que en el documento elaborado por el Gobierno regional no se pedía la legalización de las viviendas, sino simplemente retrasar el derribo de todas las construcciones seis años y medio para construir otras nuevas para los afectados.
Vilela ha criticado que la Justicia no ha sido capaz de defender "absolutamente en ningún punto a los afectados" -a su juicio, las "víctimas" de esta situación y no los "responsables"- y ha denunciado que han estado "totalmente desamparados" por los jueces desde el inicio del procedimiento.
En su opinión, las responsabilidades están "claras" y han sido establecidas tanto por el TSJC como por el Tribunal Supremo, que han señalado como "culpables" al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Piélagos.
Se ha preguntado por qué entonces los afectados por los derribos tienen que "seguir pagando día a día, auto a auto" lo que ha calificado de una "injusticia".
Vilela, que se reunirá el próximo lunes con el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, ha hecho un llamamiento a la unidad de los afectados, a quienes ha invitado a permanecer juntos "hasta la última vivienda".
Según ha dicho, de esta manera "no podrán con ellos" y podrán intentar hacer "todo lo posible" para conseguir que no se derribe "ni una" sola vivienda, consigna que han gritado los asistentes a la reunión y a la manifestación en repetidas ocasiones, junto a otros lemas.
También ha hecho un llamamiento al Parlamento de Cantabria para que "dé una vuelta de tuerca" al Plan de Acción del Gobierno regional y que le otorgue algún rango normativo para que su aplicación sea "real" y no quede en "papeles mojados".
Ha explicado que el Plan del Gobierno no era la solución que AMA quería -ni hoy tampoco lo es- porque, entre otras casos, no incluía a esta urbanización de la playa de Cerrias, aunque ha señalado que "con margen para trabajar" se podría buscar una salida para estas "salvedades".
Vilela ha invitado a todo el que tenga una solución "legalizadora" -que, según ha dicho, en el caso de Cerrias o de Arnuero podría pasar por una modificación del Plan de Ordenación del Litoral (POL)- la aporte para que todos puedan ponerse a trabajar en ella.