SP, Investigaciones y Estudios, que realiza sondeos de opinión para el Gobierno, ha advertido que solo 3% de la población confía mucho en la Asamblea Nacional, el 31% confía algo, el 38% confía poco y 22% no tiene confianza alguna en ella. El director de la encuestadora, Santiago Pérez, ha señalado que la confianza en Asamblea se encuentra en un punto crítico. Y aquello resulta evidente. Estos resultados pueden deberse a que la ciudadanía no percibe una diferencia sustancial entre el desempeño de la Asamblea y el antiguo Congreso, según Pérez.
En realidad, el cambio de nombre no es suficiente para que se diferencie. Sin embargo, los extremos se tocan. Porque si antes se vivió una constante pugna ente los dos poderes, ahora se ha pasado a una posición de subordinación y falta de independencia de la Asamblea en relación con el Gobierno. La Asamblea ha renunciado a la función fiscalizadora pese a que solo en las declaraciones de emergencia, que desvirtúan la figura del estado de excepción, hay materia para juicios políticos, y tanto más debería ejercer ese papel fiscalizador en las denuncias de actos de corrupción, que han salido de personas tan cercanas al presidente como su propio hermano.
Y en la obligación de aprobación de las leyes se siente también la mano de un Ejecutivo que tanto mueve los hilos de su mayoría legislativa que los sectores afectados, como los indígenas, con las Ley de Aguas, o los universitarios, con el Proyecto de la Ley de Educación Superior, elaborado por la Senplades, acuden a Carondelet para intentar que se tomen en cuenta sus puntos de vista. La ciudadanía se halla a la expectativa del tratamiento que se dará al Proyecto de Ley de Comunicación: si hubiera una actitud independiente del Congreso, debería archivarlo, para que no quede en simple disparo al aire la promesa de echarlo al tacho de la basura, que hizo el presidente del Congreso, si el proyecto viola derechos básicos.
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No(
