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A través del informe de comisión de observadores

Unión Europea cuestiona el uso de los bienes estatales en campaña oficialista

Unión Europea cuestiona el uso de los bienes estatales en campaña oficialista

miércoles 09 de diciembre de 2009, 18:29h

La jefa de la misión, Renate Weber, presentó el informe ‘preliminar’ de la organización, que observa el uso ilimitado de los recursos del Estado por parte del partido gobernante a favor de su campaña.

La misión de observadores electorales de la Unión Europea (MOE-EU) ofreció su informe ayer sobre el proceso eleccionario boliviano e hizo notar el uso de recursos públicos en la campaña para la reelección de Evo Morales y la excesiva emisión de propaganda oficialista en los medios estatales, aunque, en líneas generales, calificó de ‘altamente positivo’ el desarrollo de los comicios.

La MOE-UE se refirió a diversos casos de utilización de recursos públicos en favor del oficialismo, muy especialmente a través de la programación de los medios de comunicación estatales. También constató el uso de edificios públicos como casas de campaña en Tarija y La Paz, y de vehículos en La Paz, Beni, Potosí y Tarija.

Weber reveló que detectaron una proliferación de propaganda institucional a favor del oficialismo y que los medios estatales de comunicación dedicaron la mayor parte de sus espacios informativos al MAS, pero, en contrapartida, los canales privados concedieron mayor protagonismo a la oposición.

Al respecto, el vocero de la campaña del MAS, Jorge Silva, dijo que el informe preliminar de la misión de la UE no considera el contexto general en que se desarrollaron las elecciones y, por ello, no es compartido por el partido en función de Gobierno.

“En la ley transitoria se acordó que el Presidente iba a ser candidato al mismo tiempo, igual que los diputados y senadores, sin necesidad de renunciar. Implícitamente se aceptó que se iba a utilizar bienes públicos para la campaña y no sólo de Evo o Álvaro, sino de candidatos de la oposición, que recibieron viáticos del Parlamento”, dijo Silva.

El diputado César Navarro afirmó que hay ‘confusión’ en los observadores y negó el uso de recursos públicos.
Sobre el tema, Juan Javier Zeballos, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), compartió la posición de la MOE-EU al señalar que el Gobierno ‘ha usado y abusado de los medios estatales de comunicación’. “Considero que, en general, el informe de la UE es correcto, aunque no comparto mucho el criterio de que los medios impresos hubieran dado mayor preferencia y cobertura a los partidos de oposición. Creo que esto se debe a que hay un solo partido oficialista y siete partidos de oposición”, manifestó Zeballos.

Samuel Doria Medina, de UN, denunció el “uso indiscriminado de vehículos, helicópteros, aviones, bienes muebles e inmuebles a favor de la candidatura oficial”. A su turno, la senadora electa por el PPB-CN, Centa Reck, dijo que el canal estatal y la red Patria Nueva sólo transmiten noticias inclinadas a favor del MAS.

Por su parte, la vocal de la CNE, Roxana Ibarnegaray, informó de que se tienen los informes técnicos sobre las denuncias contra el MAS por el uso de bienes públicos. El presidente de la CNE, Antonio Costas, anunció que se prepara un proyecto de ley del órgano electoral con sugerencias sobre el control del uso de recursos de campaña.

Además, el jefe de la delegación de parlamentarios europeos, José Manuel García-Margallo, pidió al presidente, Evo Morales, administrar con ‘generosidad’ su triunfo electoral y sus dos tercios en ambas cámaras en la Asamblea Plurinacional. También se dirigió a las fuerzas de oposición, para solicitarles trabajar de manera constructiva. García-Margallo advirtió que al Gobierno y a la oposición les quedan tareas urgentes a realizar, entre ellas desarrollar normas del ‘bloque constitucional’.

Fragilidad judicial afectó el proceso:

La misión de observadores enviada por la Unión Europea (UE) a las elecciones de Bolivia alertó sobre una "fragilidad en el sistema de control judicial y constitucional" que perjudicó la campaña por la ausencia del Tribunal Constitucional en el país.

“Para el futuro del país es importante que en el proceso de desarrollo legislativo de la nueva Constitución se fortalezcan las instituciones de derecho, se protejan los derechos fundamentales y sociales, y se cultive un clima de diálogo democrático”, afirmó en una rueda de prensa Renate Weber, jefa de la misión de la UE.

El jefe adjunto de la misión, el español José Antonio de Gabriel, incluso recomendó al Gobierno analizar la posibilidad de establecer ‘algún tipo de inmunidad temporal y parcial de los candidatos para que la actividad de la Fiscalía no se haga tan presente durante la campaña electoral’.
Manfred Reyes Villa fue objeto, en plena campaña, de un fallo judicial que determinó su arraigo en el país. Además, Leopoldo Fernández, candidato a la Vicepresidencia, está encarcelado desde hace más de 14 meses por la ‘masacre de Porvenir’, en Pando.

Por su lado, la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó el trabajo de la CNE y la participación de la ciudadanía en el proceso electoral.

Observaciones:  

- En contravención de los estándares internacionales sobre equidad competitiva, se ha observado una gran proliferación de propaganda institucional claramente pro oficialista.

- La acumulación de investigaciones judiciales iniciadas por la Fiscalía en plena campaña electoral contra líderes relevantes del PPB-CN ha tenido un impacto negativo en la capacidad de los mismos, para desarrollar con normalidad su programa de actividades proselitistas.

- Según el informe de la UE, es de lamentar la ausencia de debates entre los principales candidatos durante la campaña.

- La radio y la televisión estatales favorecieron en su tiempo de antena a los candidatos oficialistas y abusaron de la propaganda institucional. La mayoría de los canales privados, así como la prensa escrita, concedieron mayor protagonismo a los candidatos de oposición.

- La ausencia de un Tribunal Constitucional operativo dejó sin efecto el recurso de amparo en defensa de los derechos fundamentales en el ámbito electoral.

 

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