El 'incómodo' vecino del Sur

El desenlace de la crisis diplomática con Marruecos tras la deportación de Aminetu Haidar por el gobierno de Rabat ha tenido luces y sombras, y, especialmente, ha subrayado de nuevo las carencias estratégicas de la política exterior de España en relación con Marruecos y el Magreb. No es casual que entre nosotros, en nuestro lenguaje, el eufemismo sobre el “incómodo” vecino del sur para referirnos a Marruecos se haya convertido en una realidad incontestable.

    La verdad es que nuestros problemas con los gobiernos marroquíes no provienen del color político del ejecutivo de Madrid. Detenernos o poner el foco en la actitud del ministro Moratinos en relación con todo lo ocurrido en torno al “caso Haidar” resulta tan injusto como insuficiente. El equipo de Exteriores actuó sin margen de maniobra, atrapado entre la espada de Rabat y la pared de una opinión pública española tradicionalmente alineada con la causa del pueblo saharaui. El problema de fondo reside en que España carece de elementos de negociación alternativos para hacer reflexionar a Rabat ante coyunturas como la vivida durante estas semanas. Tal carencia se ha convertido en un problema estratégico de nuestra política exterior en la región. Como veremos, ni los gobiernos de UCD, de Felipe González, de Aznar,  y, ahora, de Zapatero, han conseguido despejar completamente el aprisionamiento de la posición española. La realidad nos confirma que frente a los retos de la diplomacia marroquí nuestras defensas políticas son débiles sin que se vislumbre en el futuro una situación diferente. Recordemos que la última tensión diplomática nació tras la primera y única visita de los Reyes a Ceuta y Melilla hace ya algún tiempo. Marruecos retiró a su embajador en Madrid con  el objetivo de reafirmar sus reivindicaciones sobre las dos ciudades españolas. ¿Qué podía hacer España? ¿Renunciar a la visita de los Reyes? ¿Pedir disculpas? En otro orden de cosas, ¿podemos ignorar la situación del pueblo saharaui? En mi opinión se hubiera cometido un error y una injusticia.
Desde la recuperación de la democracia en España se han intentado desarrollar dos estrategias en relación con Marruecos. La primera, acercar posiciones con Argelia reactivando la cuestión no resuelta del Sahara para buscar un reequilibrio en la relación de fuerzas, y, la segunda,  desarrollar un “colchón de intereses” económico común suficientemente potente que hiciera desistir a Rabat de cualquier intento de confrontación con España. No parece que ninguno de los dos haya ofrecido el resultado deseado. La actitud de Marruecos, recordándole a España durante la “crisis Haidar” su papel vital en el control de la inmigración ilegal hacia nuestro territorio, la lucha contra el terrorismo yihadista y la batalla contra el tráfico de drogas, es inaceptable en términos políticos y diplomáticos. A “sensu contrario” es lo mismo que afirmar su capacidad para desestabilizar la política española en cuestiones de carácter estratégico para España y para Europa.

       Y en el centro del escenario la cuestión del Sahara occidental, la reivindicación del Polisario y la situación del expediente en la ONU. Vale la pena recordar y actualizar lo ocurrido. Una de las páginas más negras de la política exterior española se escribía a finales de 1975, cuando, con Franco agonizante, España se enfrentó a la “marcha verde” organizada por Marruecos sobre el Sahara Occidental y con el apoyo de los EEUU y de Francia. Las demandas y exigencias de la política de bloques, de la “guerra fría”, eran determinantes y el control de una ventana hacia el Atlántico sur tenía carácter preferente. El régimen, en una situación de máxima debilidad, optó por claudicar de su responsabilidad sobre ese territorio y el 14 de noviembre se firmaron los Acuerdos tripartitos y la Declaración de Madrid, cediendo la administración del Sahara a Marruecos y Mauritania. Tal decisión implicaba desconocer el derecho de autodeterminación de los saharauis que España mantenía hasta fechas inmediatamente anteriores. El grupo que apoyaba al Príncipe Juan Carlos asumió que, en aquellos momentos claves para la sucesión de Franco, abrir una crisis militar con Marruecos hubiera resultado suicida para sus intereses. La oposición democrática tampoco ofreció mucha resistencia porque la agenda de la transición resultaba prioritaria. Lo cierto es que Franco muere dejando un grave conflicto en manos de una futura democracia española débil y repleta de riesgos. Rabat tenía manos libres para actuar. A los pocos meses, en un intento de reequilibrar la postura, España anuncia que se retiraba definitivamente del Sahara, pero poniendo de relieve que el proceso descolonizador sólo culminaría cuando la voluntad del pueblo saharaui se hubiese manifestado libremente.

    En esa coyuntura Argelia reacciona alentando los posicionamientos políticos que defienden la independencia de Canarias y, finalmente, la tensión se hace visible cuando en diciembre de 1977 ambos países retiran  a sus respectivos embajadores en Madrid y en Argel. Adolfo Suárez, presidente del Gobierno, se entrevista con el secretario general del Frente Polisario lo que permite un nuevo acercamiento a Argelia. Poco después arrecia la presión de Marruecos sobre los pesqueros españoles que desarrollan su trabajo en el “banco sahariano” que Marruecos reivindica como aguas territoriales de su país.
    En 1983 Felipe González anunció que la política exterior española en relación con el Magreb se basaría en la cooperación para fomentar la estabilidad en la región. Fernando Morán, uno de los ministros de Asuntos Exteriores más brillantes y dignos de confianza que ha tenido España, apoyaba en 1984 una resolución argelina en la ONU reclamando la apertura de negociaciones directas entre Marruecos y el Polisario para buscar una salida digna y pacífica al conflicto en el marco de los acuerdos de la ONU. Ni nuestra entrada definitiva en la OTAN tras el referéndum de 1986, ni el ingreso en la Comunidad Económica Europa, significó un cambio sustancial en la débil posición española. La guerra civil encubierta y la crisis política desencadenada en Argelia a partir de 1990 fortalecieron la proyección de Marruecos como “cortafuegos” de la penetración del islamismo radical en Europa.

    La llegada al gobierno de Aznar modifica la actitud española presionando a Rabat al apoyarse en Argelia y reactivando el apoyo de la causa saharaui que había quedado diluida y olvidada. La respuesta no se hizo esperar. La crisis vivida en torno al islote de Perejil puso de manifiesto, una vez más, las carencias y limitaciones de España. Tuvo que intervenir Washington para arreglar los desaguisados entre dos aliados y la situación se congela hasta la llegada de Zapatero al gobierno en 2004. Se liman las diferencias con Rabat intentando mejorar las relaciones. Pero, de nuevo, Argelia se desmarca de España. El complejo equilibrio gobernado por el ministro Moratinos tiene efectos benéficos hasta que Marruecos expulsa y deporta ilegalmente a Aminetu Haidar. Moratinos se encuentra con una bomba entre las manos que nos recuerda lo esencial: España no tiene instrumentos estratégicos para negociar con Marruecos. Y si pensamos en Argelia, en el Polisario o en dificultar los acuerdos de Rabat con la Unión Europea, hemos de saber que nuestro vecino del sur no dudará en utilizar sus elementos de presión incrementando la tensión sobre Ceuta y Melilla.

    Así están las cosas. Y no busquemos en el ministro Moratinos responsabilidades que no tiene. Moratinos no es el culpable. El problema que tenemos abierto con Marruecos nos desborda. Y no aparecen en el futuro nuevas posibilidades.
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*Enrique Curiel es profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid